Para el representante del movimiento, Jaime Ramírez Ortega, el cargo representa un eslabón más que apoya a víctimas ante abusos de poder por parte de los poderes de Estado y actores económicos del país.
“Toda elección de segundo grado debe ser transparente y apegada a la Constitución, alejada de todo acuerdo entre partidos políticos que favorezcan intereses distintos a las del Estado”, indicó.
La organización asegura que la elección de Tobar Serrano no cumplió el mínimo requisito que exige el reglamento interno de la Asamblea Legislativa y el de la Constitución de la República.
Este último no se cumplió porque el abogado, está vinculado al partido FMLN, por una serie de donaciones que hizo a este instituto político en el año 2016, “y segundo, porque esa causal conduce a la inhabilitación por el conflicto de intereses. Todo ello contraviene la Resolución de la Sala de lo Constitucional, con Referencia 56-2016. Emitida el 25 de noviembre de dos mil 2016”, subrayó Ramírez Ortega.
En su solicitud pidieron a los Diputados que reconsideren la investidura de Tobar Serrano propiciando un mecanismo de anulación del referido decreto y vuelva a realizar la elección “con las personas elegibles”.
Según explicaron los no partidarios el Procurador impone condenas que imposibilita el ascenso de jueces en todo el Órgano Judicial; Es el encargado de auditar el centro de escuchas telefónicas de la Fiscalía; emite sentencias de daño moral que generan derecho de acción por daños y perjuicios a quienes sufran violación a los derechos humanos; da acompañamiento a las víctimas en procesos judiciales o de violación de derechos humanos de parte del Estado; otorga medidas cautelares similares a las de la Sala de lo Constitucional y notifica al Sistema de Naciones Unidas de violaciones a Derechos Humanos, puede causar condenas al Estado de El Salvador.