Ley de Agentes Extranjeros provocará la “estrepitosa caída” de la cooperación para proyectos comunitarios, dicen organizaciones

Por: Redacción YSKL

Varias organizaciones de la sociedad civil (OSC) se pronunciaron este jueves contra la virtual Ley de Agentes Extranjeros, ya que aseguran que legaliza el bloqueo financiero y la criminalización de las entidades sociales y medios periodísticos que se dedican a la defensa de los derechos humanos y a las críticas de las decisiones gubernamentales.

La legislación, propuesta por el Gobierno, establece la obligación de registrarse como «agente extranjero» a todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividades que «respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directamente o indirectamente, por un mandante extranjero».

Además, prohíbe a los agentes extranjeros realizar actividades que tengan «fines políticos u otros, con el objetivo de alterar el orden público, o que pongan en riesgo o amenaza la seguridad nacional, la estabilidad social y política del país», entre otras.

“La ley deslegitima el verdadero trabajo de las organizaciones que llevan proyectos a sus comunidades”, manifestó Rubén Quintanilla, Movimiento de las Misiones Sociales para la Cooperación Solidaria.

Asimismo, establece obligaciones sobre el registro, la forma de utilización de los recursos y la comunicación de las actividades. Adicional a ello, cada transacción, sea pagos o donativos serán agravados con un impuesto del 40% y aplicará a OSC que no sean de finalidad social o humanitaria.

“Lo dijo abiertamente el jefe de Nuevas Ideas, Christian Guevara: ‘si quieren cooperación paguen’, pero las empresas de aviación no pagan impuestos por la gasolina; ¿como es posible que las grandes fortunas no paguen el 25% de renta? Hay mecanismos hasta para evadir con la filantropía y en cambio nosotros como organizaciones es difícil atraer inversión extranjera, para el desarrollo humano, no para el desarrollo económico”, dijo Amalia López de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua.

Para los colectivos, ya existe un mecanismo de regulación del financiamiento conforme a la legislación, así también con las auditorías de los cooperantes, por lo que, dijeron, es contradictorio que no se implementen cuotas impositivas a las grandes fortunas y las operaciones en bitcoin. Por otro lado, criticaron que se impongan penas carcelarias y temen que sean utilizadas para criminalizar la labor de las OSC.

“Tenemos mecanismos para transparentarnos ante el gobierno; aunque no declaremos IVA o Renta, presentamos informes a Hacienda”, insistió Santiago Rodríguez de la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos.

De acuerdo a los demandantes, varios organismos y embajadas cooperantes recortarán la ayuda que viene al país. Actualmente, unos 598 proyectos de salud, alimentaria, medioambiental, libertad de expresión, violencia de género, prevención de violencia, emprendimientos y democracia, se paralizarán ante la posible incertidumbre que generará la aprobación de la ley.

“Por las acciones que realizamos en las comunidades, tenemos una relación permanente y ahí sabemos que lo que la cooperación expresa”, señaló Rodríguez.

Leonel Herrera, de la Red de Medios de Comunicación, aseguró que habrá una “caída estrepitosa de la cooperación”. “Es lógico que se irán a otros lugares donde hay necesidades peor o igual a las nuestras, donde no se quedará el gobierno con el 40%, eso es un desincentivo. Sobre todo para el desarrollo local”.

“Lo que viene es cierre de Organizaciones, cierre de ONGs, cierre de tanques de pensamiento y cierre de medios de comunicación incómodos”, añadió.

Pese a que la comisión respectiva ya aprobó el dictamen que contiene la ley, la iniciativa no fue sometida a discusión en la Plenaria de este miércoles.