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La Comisión de Antejuicio contra el diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Norman Quijano, aprobó llamar a declarar a testigos solicitados por la parte fiscal la próxima semana, mismos que habrían conocido sobre la presunta negociación con pandillas en 2014 en las elecciones presidenciales, investigación por la que inició el proceso de desafuero.
En la sesión de este viernes se discutieron los elementos probatorios por los que la Fiscalía acusa a Quijano de fraude electoral y agrupaciones ilícitas; entre ellas, pruebas testimoniales.
La parte fiscal; es decir, los diputados Rebeca Santos, Marcela Pineda y Walter Coto, mencionaron los nombres de testigos que conocieron dichos delitos: Ernesto Muyshondt, Milagro Navas, Paolo Lüers, Raúl Mijango, Ernesto Angulo, Miguel Ángel Simán, Nelson Valdez, Roberto Díaz y Ena Granados (perito de Fiscalía).
Por lo que pidieron a la Comisión llamar a algunos de los involucrados, sobre quienes ya hay un proceso penal activo en su contra y en fase de instrucción; es decir, de investigación.
La Comisión lo autorizó y agendaron para el próximo miércoles 1 de diciembre las declaraciones de: Paolo Lüers, columnista de un periódico nacional y supuesto interlocutor en dichas negociaciones; Miguel Simán y Ernesto Angulo Milla, este último tuvo una función dentro del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA).
Para el jueves se programó a Nelson Valdez, Roberto Díaz Castillo y Ena Maricela Granados.
Los diputados de la instancia legislativa también requerirán a la Fiscalía General de la República (FGR) rendir un informe del Centro de Escuchas Telefónicas que contengan extractos de conversaciones acerca de municipios santuarios, que tiene que ver con el financiamiento de ONG del ministerio público, relacionado con el proyecto de 10 municipio más violentos de El Salvador; así como los audios de relaciones de pandillas con políticos y recepción de dinero de partidos y copias íntegras de DVDs de las reuniones.
Además, pedirán al Juzgado 5° de Instrucción de San Salvador, que conoce la causa penal contra Lüers, Muyshondt y otros políticos, por las supuestas negociaciones, que extienda una certificación de la causa penal.
La defensa de Quijano, designada por la Procuraduría General de la República (PGR), Dora Margarita Ruiz de Guandique, manifestó que no había tenido comunicación con el diputado, por lo que no podían ofertar pruebas de descargo.
El caso
Quijano es acusado de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
En mayo de 2021, cuando este dejó su cargo de diputado legislativo fue acusado en tribunales por la Fiscalía por referido caso; sin embargo, este proceso se declaró nulo por la Sala de lo Penal, puesto que Quijano fue electo como diputado del PARLACEN, lo que le otorgaba fuero constitucional, mismo que solo puede ser retirado por la Asamblea Legislativa con 43 votos.
Las acusaciones iniciaron luego que el 12 de diciembre de 2019, el Juzgado Especializado de Sentencia «A» de San Salvador diera el fallo en la denominada «Operación Cuscatlán» contra más de 300 miembros de la MS, proceso en el que se encontró reuniones de pandilleros con políticos, entre ellos, Quijano.
El Juez exhortó a la FGR a realizar esta investigación.
La FGR se basó en la declaración de testigo criteriado Noé, de referida operación, y se estableció que hubo negociaciones «La Mara Salvatrucha con los Partidos Políticos y que dentro de las negociaciones y que tuvieron con los partidos políticos en este acto específicamente desea hablar de la sexta reunión en la cual participaron los pandilleros en ese periodo, reunión que fue realizada en la Oficina de la Red Nacional de Pastores de la ciudad de San Salvador, la cual se llevó a cabo aproximadamente a inicios del mes de marzo del año dos mil catorce». Reunión en la que habría participado el ahora diputado Norman Quijano.
Según el requerimiento de la Fiscalía, Quijano ofrecía políticas públicas en su mandato que beneficiaran a las pandillas.
