Por Redacción YSKL

El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) presentó ante la Asamblea Legislativa una iniciativa para reformar el artículo 140 de la Ley Orgánica de Aviación Civil, con el fin de modificar los requisitos aplicables al personal que integra las tripulaciones de aeronaves en empresas de transporte aéreo nacionales.

La propuesta será estudiada por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno.

¿Qué cambiaría?

Actualmente, el artículo 140 establece que las empresas certificadas como operadores aéreos nacionales deben establecer su base de operaciones en El Salvador y que el personal contratado para conformar sus tripulaciones posea nacionalidad salvadoreña.

La normativa vigente permite la contratación temporal de personal extranjero únicamente cuando se compruebe la falta de personal salvadoreño, previa autorización de la Autoridad de Aviación Civil, por un período de seis meses prorrogable.

Con la reforma propuesta, se eliminaría el requisito de nacionalidad salvadoreña para las tripulaciones.

El nuevo texto planteado dispone que las empresas deberán mantener su base de operaciones en el país y que el personal contratado “posea las calificaciones y competencias suficientes, según lo establecido en las leyes y reglamentos de la materia, en armonía con lo dispuesto en la presente Ley”.

Argumentos de la iniciativa

En los considerandos del proyecto se señala que la reforma busca armonizar los requisitos para formar parte de la tripulación de aeronaves conforme a estándares internacionales en materia de operaciones aéreas.

Asimismo, se cita la Constitución de la República, que reconoce la igualdad ante la ley y establece que la persona humana es el origen y fin de la actividad del Estado.

De aprobarse, el decreto entraría en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

Por Redacción YSKL

El Ministerio de Economía presentó ante la Asamblea Legislativa una iniciativa para derogar el artículo 10 de la Ley de Bancos, con lo cual dejaría de existir la obligación de que al menos el 51 % de las acciones de los bancos constituidos en el país esté en manos de determinados tipos de inversionistas definidos en la normativa vigente.

La propuesta pasará a estudio de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión.

¿Qué establece actualmente el artículo 10?

El artículo 10 de la Ley de Bancos dispone que al menos el 51 % de las acciones de los bancos constituidos en El Salvador debe estar en manos de determinados tipos de inversionistas, entre ellos:

• Personas naturales salvadoreñas o centroamericanas.
• Personas jurídicas salvadoreñas cuyos accionistas mayoritarios sean salvadoreños o centroamericanos.
• Bancos centroamericanos que cumplan con regulación prudencial y supervisión acorde a estándares internacionales.
• Bancos e instituciones financieras extranjeras calificadas como de primera línea, sujetas a supervisión consolidada y regulación prudencial en sus países de origen.

Además, cuando se trate de inversionistas extranjeros, la Superintendencia del Sistema Financiero debe suscribir memorandos de cooperación con el organismo supervisor del país correspondiente para permitir el intercambio de información.

Argumentos de la iniciativa

En los considerandos de la propuesta de decreto se señala que, ante el dinamismo económico que experimenta el país, es necesario facilitar el acceso a nuevos capitales e inversiones para fomentar la competencia en la intermediación financiera y ampliar las fuentes de crédito.

El documento indica que resulta “indispensable eliminar aquellas restricciones legales que impidan o dificulten la entrada de nuevos competidores en el mercado”, con el propósito de atender necesidades de inversión, consumo y desarrollo económico.

La propuesta de reforma entraría en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

Por Redacción YSKL

La diputada de la Asamblea Legislativa por VAMOS, Claudia Ortiz, presentó una iniciativa para reducir en un 50 % el impuesto sobre la renta aplicable a las personas naturales por ingresos derivados exclusivamente de su trabajo este año. Según expuso la legisladora, la propuesta consiste en disposiciones transitorias para que, durante 2026, el monto calculado del impuesto sobre la renta a trabajadores sea reducido a la mitad.

“Se trata de disposiciones transitorias para reducir en un 50% el impuesto sobre la renta que paguen las personas naturales por su trabajo durante el año 2026”, afirmó.

La medida no obtuvo los votos necesarios para pasar a discusión del pleno legislativo.

Alcance de la propuesta

Ortiz explicó que la reducción aplicaría únicamente a rentas provenientes del trabajo, como salarios, sueldos, comisiones, propinas y honorarios por servicios personales. No incluiría rentas empresariales, dividendos, alquileres, ganancias de capital ni utilidades.

Aclaró que no se modificarían las tablas de retención ni los tramos vigentes.

“El cálculo se haría exactamente igual que ahora. La única diferencia es que, una vez se determine cuánto es el impuesto que debe pagar el trabajador, ese monto se reduce a la mitad”, señaló.

Como ejemplo, indicó que si actualmente a una persona se le descuentan $100 mensuales en concepto de renta, con la medida se le retendrían $50, lo que implicaría un ahorro anual de $600.

Argumentos expuestos

La diputada sostuvo que la iniciativa responde al incremento en el costo de vida.

“El salario ya no alcanza”, expresó, al señalar que el precio de alimentos, vivienda y servicios ha aumentado, mientras el esquema del impuesto al trabajo se mantiene sin cambios.

También subrayó que la medida tendría carácter temporal.

“Esta es una medida transitoria que aplicaría solo para el año 2026”, reiteró, y añadió que busca enviar un mensaje de atención a la situación económica de las familias.

Al finalizar su intervención, solicitó que la propuesta fuera incorporada a la agenda para su estudio en comisión.

“Votemos por el trabajo, votemos por proteger los salarios”, manifestó, sin embargo, la iniciativa no alcanzó los votos requeridos para continuar su trámite legislativo.

Por Redacción YSKL

La Asamblea Legislativa aprobó este martes una reforma a la Ley de Procedimientos Administrativos para regular el tratamiento de documentos públicos emitidos en el extranjero y eliminar la exigencia de apostilla en determinados casos.

El dictamen fue emitido previamente por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, tras una iniciativa presentada por el Ministerio de Economía.

La reforma incorpora el artículo 4-A a la ley vigente y establece que la Administración Pública no exigirá legalización o apostilla cuando los documentos extranjeros “se refieran directamente a operaciones comerciales o aduaneras, incluyendo registros de productos”, siempre que existan mecanismos de verificación electrónica u otros medios de validación.

La directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Martha Solís, explicó que la medida forma parte del proceso de simplificación y digitalización de trámites y que busca “facilitar los trámites a los administrados, eliminando la exigencia de formalidades innecesarias”.

Alcances de la reforma

El nuevo artículo también dispone que no se requerirán copias autenticadas, impresas ni con firma manuscrita cuando la autenticidad pueda comprobarse mediante normativa aplicable, convenios o instrumentos de cooperación internacional.

Asimismo, cuando una ley especial exija apostilla y no apliquen las excepciones, la institución deberá admitir el trámite sin la presentación inmediata del documento. Este podrá incorporarse antes de que se emita la resolución definitiva.

Solís señaló que la intención es que “el procedimiento inicie a pesar de que no se tenga en físico el documento con la apostilla”, lo que permitiría reducir tiempos de gestión.

En los casos en que la falta del documento pueda afectar el interés público o derechos del interesado, la entidad podrá emitir una resolución provisional y otorgar un plazo de hasta diez días hábiles para presentar la legalización correspondiente. Si no se cumple el plazo, la resolución podrá suspenderse o revocarse.

Puntos principales:

• Incorporación del artículo 4-A sobre admisión de documentos públicos extranjeros.
• Eliminación de apostilla y copias autenticadas en operaciones comerciales o aduaneras bajo ciertos supuestos.
• Reconocimiento de verificación electrónica como mecanismo válido.
• Posibilidad de iniciar trámites sin apostilla inmediata cuando una ley especial la requiera.
• Facultad de emitir resoluciones provisionales con plazo de hasta diez días hábiles.
• Supervisión a cargo de la Corte de Cuentas de la República.

En los considerandos se cita un artículo de la Constitución relacionado con la promoción del desarrollo económico y se hace referencia al Convenio de La Haya de 1961 sobre la apostilla, que contempla excepciones para documentos vinculados a operaciones comerciales o aduaneras.

La reforma entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

Por Redacción YSKL

La Asamblea Legislativa aprobó este martes la autorización para que el Órgano Ejecutivo suscriba un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta $150 millones, destinado al Proyecto de Apoyo al Control de Inundaciones en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

El dictamen fue emitido previamente por la Comisión de Hacienda, tras la solicitud presentada por el Ministerio de Hacienda.

La subdirectora de Inversión y Crédito Público, Delia Reyes, explicó que la gestión forma parte del proceso de legalización del financiamiento y que corresponde al Legislativo facultar al Ejecutivo para firmar el contrato.

Señaló que el proyecto será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) y que su objetivo es “contribuir a reducir la vulnerabilidad de los habitantes del área metropolitana de San Salvador a problemas de inundaciones”.

Problemática identificada

Según lo expuesto, en el AMSS influyen diversos factores que generan inundaciones recurrentes, entre ellos:

• Obsolescencia de sistemas de drenaje urbano.
• Reducción de áreas permeables por urbanización acelerada.
• Falta de infraestructura para retención de aguas lluvias.
• Inadecuada disposición de desechos sólidos.

El proyecto contempla mejorar la gestión del drenaje urbano y fortalecer los sistemas de alerta temprana.

Componentes del programa

El plan se divide en cuatro áreas principales:

• Infraestructura de drenaje urbano: diseño, construcción y supervisión de lagunas de laminación, como en la quebrada Buenos Aires (Santa Tecla) y quebrada Merliot (La Libertad); rehabilitación de sistemas en colonia Médica y Santa Lucía; intervenciones en bóvedas como las de quebrada El Piro y bulevar Constitución; y rehabilitación de puentes y otras obras de paso.
• Fortalecimiento institucional del MOPT: actualización del plan maestro de drenaje del AMSS, estudios de preinversión, capacitación técnica en gestión de riesgo, campañas sobre disposición de residuos y elaboración de planes de operación y mantenimiento.
• Sistema de alerta temprana: implementación de sensores hidrometeorológicos, mejora en monitoreo y gestión de datos, fortalecimiento de comunicación de alertas y capacitación para atención de emergencias.
• Administración y auditoría: servicios de consultoría, coordinación, monitoreo, evaluación y auditoría del proyecto.

Condiciones financieras

El financiamiento tendrá un plazo de hasta 23 años, con un período de gracia de siete años y medio. La tasa de interés estará basada en SOFR a seis meses más el margen aplicable del BID, con posibilidad de conversión a tasa fija.

Durante el período de gracia se pagarán intereses y posteriormente capital e intereses en cuotas semestrales.

El contrato deberá regresar a la Asamblea Legislativa para su ratificación conforme al procedimiento establecido, una vez sea suscrito por el Ejecutivo.

Por Redacción YSKL

Con dispensa de trámite, la Asamblea Legislativa reformó la “Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas” para modificar el impuesto específico que se cobra según el contenido de alcohol en determinadas bebidas.

La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Hacienda.

La reforma mantiene el impuesto ad-valorem del 8 % sobre el precio de venta sugerido al público, pero reduce la alícuota del impuesto específico aplicado por cada 1 % de alcohol por litro en varias partidas arancelarias.

¿Qué cambia con la reforma?

El ajuste implica una disminución en el monto que se paga por el contenido alcohólico en los siguientes productos:

• Bebidas con grado alcohólico superior a 60 % (Partida 22.08.30.10): baja de $0.1600 a $0.0900 por cada 1 % de alcohol por litro.
• Otras bebidas de la misma partida (22.08.30.90): baja de $0.1600 a $0.0500.
• Gin y ginebra (22.08.50.00): baja de $0.1600 a $0.0900.
• Licores (22.08.70.00): baja de $0.1600 a $0.0900.

El impuesto específico se calcula tomando en cuenta el porcentaje de alcohol que contiene cada bebida y se paga en dólares por litro.

Argumentos del decreto

En los considerandos, el decreto señala que la modificación responde a la evolución del comercio de estos productos y a la necesidad de armonizar las tasas para bebidas que sean “similares, directamente competidoras o sustituibles entre sí”, atendiendo a su contenido alcohólico.

También se indica que la reforma busca que la legislación sea coherente con los compromisos asumidos por el Estado en materia de comercio internacional, incluyendo los principios de trato nacional y nación más favorecida.

El decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

Por Redacción YSKL

La Asamblea Legislativa aprobó este martes una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar $6,200,000 al Ramo de Economía, recursos provenientes de un préstamo suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

La modificación fue dictaminada previamente por la Comisión de Hacienda y está vinculada al Programa para la Transformación del Clima de Negocios en El Salvador a través de la Facilitación del Comercio e Inversiones.

La subdirectora de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes, explicó que la iniciativa tiene como finalidad reforzar la asignación del proyecto denominado Programa de Simplificación y Digitalización de Trámites, correspondiente al componente uno del financiamiento.

Según detalló, el objetivo es “contribuir a propiciar un entorno de negocios atractivo para el sector privado que facilite el comercio, la expansión de las inversiones y la generación de empleo”, mediante la simplificación de procesos y la modernización de servicios.

Destino de los fondos

El proyecto contempla el desarrollo de sistemas informáticos para automatizar procesos en al menos 20 entidades públicas relacionadas con permisos y gestiones comerciales, así como la implementación de firma electrónica.

Reyes indicó que actualmente el programa cuenta con una asignación de $3.9 millones, de los cuales se ha ejecutado $1 millón. Por ello, el Ministerio de Economía solicitó el refuerzo presupuestario para continuar con las actividades previstas este año.

Entre las instituciones incluidas en el proceso de modernización se encuentran la Superintendencia de Regulación Sanitaria, la Autoridad del Centro Histórico y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

Los recursos también se destinarán a la integración de sistemas de inventarios institucionales, adquisición de licencias para la operación y mantenimiento de plataformas digitales, así como a servicios de supervisión, auditoría y soporte técnico.

Ajustes presupuestarios

La reforma incorpora:

• Un incremento en el Rubro 31, Endeudamiento Público, cuenta 314 Contratación de Empréstitos Externos, fuente 31404 Organismos Multilaterales, por $6,200,000.
• Refuerzo al Ramo de Economía, Unidad Presupuestaria 07 Programas y Proyectos para el Desarrollo Económico.
• Fortalecimiento del proyecto 8492 en el listado de inversión pública.

El préstamo con la CAF fue autorizado en julio de 2023 por un monto global de hasta $75 millones.

El decreto aprobado entrará en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial.

Por Redacción YSKL

La Asamblea Legislativa aprobó este martes una reforma al artículo 2 del Decreto Legislativo 485, relacionado con el contrato de préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta $195 millones para el Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador.

La modificación, dictaminada previamente por la Comisión de Hacienda, establece que los recursos que el Ministerio de Hacienda traslade a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) tendrán carácter no reembolsable, es decir, como transferencia de capital, y no bajo las mismas condiciones financieras pactadas con el organismo internacional, como señalaba el decreto vigente.

Cambio en la modalidad de transferencia

La subdirectora de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes, explicó ante la comisión que la solicitud consistía en una “reforma al artículo 2 del decreto legislativo 485 de fecha 18 de diciembre de 2025”, vinculado al préstamo con el BID.

Según detalló, el decreto original facultaba a Hacienda a suscribir con CEPA un convenio de transferencia de fondos “bajo las mismas condiciones del contrato de préstamo que suscribiese el Gobierno de El Salvador”. Con la reforma aprobada, los recursos serán trasladados como “transferencia de capital”.

Reyes indicó que el contrato de préstamo establece como condición para el primer desembolso la existencia de un convenio de transferencia de recursos entre el prestatario y CEPA, en el que se definan los términos de ejecución del programa.

Agregó que el financiamiento corresponde al préstamo 6073, denominado Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador, y que los recursos “presupuestariamente se trasladarán a CEPA como transferencia de capital para financiar ese proyecto”. La asignación se realizará a través del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), entidad a la que CEPA está adscrita.

Condiciones del préstamo con el BID

El contrato, suscrito el 13 de enero de 2026, contempla:

• Monto máximo autorizado: hasta $195,000,000.
• Plazo: hasta 23 años.
• Amortización: cuotas semestrales, a partir de 90 meses después de la vigencia.
• Intereses: tasa de referencia más margen aplicable del BID.
• Comisión de crédito: hasta 0.75 % anual sobre saldos no desembolsados.

El decreto aprobado en diciembre de 2025 autorizó al Órgano Ejecutivo, en el ramo de Hacienda, a suscribir el préstamo y a trasladar los fondos a CEPA en carácter reembolsable; con la reforma avalada este martes, esa condición cambia a transferencia de capital.

Alcances del programa

De acuerdo con la exposición técnica, el programa contempla inversiones para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria, así como el fortalecimiento de la gestión del transporte aéreo de pasajeros.

Reyes sostuvo que la modernización del aeropuerto “se enmarca en un esfuerzo estratégico de Gobierno para la gestión del transporte aéreo y de pasajeros”.

El decreto entrará en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial.

Por Redacción YSKL

La Asamblea Legislativa aprobó con dispensa de trámite dos decretos transitorios que amplían los plazos para que los ciudadanos modifiquen o inscriban por primera vez su residencia o domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI), de cara a las elecciones del 28 de febrero de 2027.

Ambas disposiciones obtuvieron 59 votos a favor.

Las medidas aplican tanto para residentes en el territorio nacional como para salvadoreños radicados en el exterior y suspenden temporalmente lo establecido en el artículo 20 del Código Electoral en lo relativo al plazo para modificar la residencia.

Plazo ampliado para residentes en El Salvador

El primer decreto establece que todo salvadoreño mayor de edad podrá realizar la inscripción por primera vez o modificar su residencia o domicilio en el DUI hasta 10 meses antes de la fecha fijada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las votaciones de presidente y vicepresidente de la República, diputados a la Asamblea Legislativa y consejos municipales en 2027.

La disposición transitoria deja sin efecto, durante su vigencia, el inciso primero del artículo 20 del Código Electoral, únicamente en lo referente a la modificación de residencia. El decreto entrará en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial y sus efectos caducarán el 27 de abril de 2026.

En los considerandos se señala que, ante la expectativa de una amplia participación en los comicios de 2027, “surge la necesidad de que el votante pueda realizar actualizaciones de residencia o domicilio en un plazo mayor al establecido” en la normativa vigente.

Cambios para salvadoreños en el extranjero

El segundo decreto regula el plazo para quienes están comprendidos en la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, aprobada en 2022. En este caso, se permitirá la inscripción por primera vez o la modificación de domicilio en el DUI hasta 90 días antes de la fecha establecida por el TSE para las elecciones de 2027.

La disposición también suspende temporalmente la aplicación del artículo 20 del Código Electoral durante su vigencia. Entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Entre los argumentos expuestos en el decreto se indica que, debido a la implementación del sistema de votación remota por internet y votación electrónica presencial para salvadoreños en el exterior, “se espera una amplia participación de electores en el exterior”, por lo que se considera necesario ampliar el plazo para actualizar el domicilio.

Elecciones de 2027

El 28 de febrero de 2027 se celebrarán elecciones para presidente y vicepresidente de la República, diputados a la Asamblea Legislativa y consejos municipales.

Con estos decretos, el Legislativo modifica de forma temporal los plazos de cierre del registro relacionados con el cambio de residencia consignado en el Documento Único de Identidad.

Por: Redacción YSKL

La música salvadoreña brillará en la escena internacional con el anuncio oficial de la participación de la Orquesta de los Hermanos Flores en el prestigioso Coachella Valley Music and Arts Festival 2026. La emblemática agrupación, que cuenta con más de cinco décadas de trayectoria, ha sido seleccionada para llevar el sabor de la cumbia y el ritmo tropical a uno de los escenarios más influyentes del mundo, consolidando así su estatus como los máximos embajadores culturales de El Salvador.

El evento se llevará a cabo durante dos fines de semana consecutivos, específicamente los días 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de abril, en Indio, California. En esta edición de 2026, los salvadoreños compartirán cartel con superestrellas de la talla de Lady Gaga, Justin Bieber y Karol G.

Durante la conferencia de prensa ofrecida este día, los integrantes de la agrupación compartieron los retos logísticos y artísticos que implica una presentación de esta magnitud. El proceso de preparación ha sido riguroso, enfocado en ofrecer un espectáculo que mantenga la esencia de la «Maldita» pero con la calidad técnica que exige un festival de clase mundial.

La participación de Los Hermanos Flores en Coachella 2026 marcará un antes y un después en la proyección internacional del talento nacional.