Por: Redacción YSKL

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, mediante la aplicación de un procedimiento abreviado condenó a William Antonio Pineda por el delito de estafa, imponiéndole el pago de $65,000 en concepto de responsabilidad civil a favor de las víctimas, además de una pena de dos años de prisión, la cual fue sustituida por medidas alternas a la detención.

Según los hechos admitidos por el ahora condenado, el fraude se ejecutó entre enero y diciembre de 2024, en el distrito de Aguilares, San Salvador Norte.

Pineda se hizo pasar por un empresario dedicado a la compra y alquiler de vehículos, con el propósito de convencer a las víctimas de invertir en su supuesto negocio.

No obstante, los afectados nunca recibieron el retorno de su inversión ni los beneficios prometidos.

Como parte de la condena, el tribunal sustituyó la pena de prisión bajo las circunstancias siguientes: la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, quedando firme el deber de cumplir con el pago de la responsabilidad civil impuesta.

Por: Redacción YSKL

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Juan Francisco Grande Hernández, de 41 años, por el delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.

El 29 de noviembre de 2024, en horas de la tarde, sobre la calle antigua a Huizúcar, en Lomas de Versalles de San Salvador, agentes policiales realizaban labores de ubicación e identificación de personas presuntamente dedicadas a la venta de droga.

En ese momento observaron al imputado en actitud sospechosa, quien intentó huir. Grande Hernández llevaba en su hombro derecho un bolso, en el que se le encontró una porción grande y ocho porciones medianas de material vegetal, $3,044.75 en efectivo y una báscula digital color rojo.

Además, en su mano derecha portaba un casco para motocicleta; al registrarlo y verificar el asiento del vehículo, los agentes encontraron siete porciones medianas adicionales de material vegetal.

Durante el juicio se demostró que Juan Francisco transportaba un total 1.52 kilogramos de marihuana, valorada en $3,446.70. Asimismo, el análisis de espectrometría de movilidad de iones determinó que la báscula y el dinero presentaban rastros de metanfetamina, marihuana y cocaína.

Por: Redacción YSKL

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Kevin Israel Corea Carabantes, de 27 años, acusado del delito de hurto agravado, en perjuicio patrimonial de una víctima.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, los hechos ocurrieron el pasado 12 de enero de 2026, cuando el procesado ingresó a una discoteca, ubicada en el bulevar Hipódromo, colonia San Benito, en San Salvador, donde hurtó de una habitación una mochila y un maletín de mano que contenían diversos objetos, entre ellos una loción de marca, además de una cartera de mano con documentos personales de la víctima.

La acusación sostiene que el imputado fue visto por una empleada cuando salía por la ventana del baño que colinda con el jardín. Asimismo, los empleados del establecimiento encontraron una caja fuerte dañada, cielos falsos, vidrios y cámaras de seguridad averiados, daños que ascienden a una responsabilidad civil de aproximadamente $4,000.

La individualización del procesado se materializó a través de una cámara de seguridad, en la cual la gerencia de la discoteca lo reconoció, señalando que trabajó en el lugar durante cuatro días.

Además, en los documentos presentados para aspirar al puesto se encontraba su identificación. En la audiencia inicial, la juzgadora consideró que existen indicios suficientes para establecer la existencia del delito y la probable participación del procesado, por lo que el juzgado remitirá el expediente a un Juzgado de Instrucción de San Salvador.

Por: Redacción YSKL

El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango resolvió, durante audiencia inicial, decretar instrucción formal con detención provisional en contra de Mirian Arely T. G., de 59 años, acusada del delito de hurto por medios informáticos, en perjuicio de Vilma R. G., de 73 años.

De acuerdo con la resolución judicial, la medida fue impuesta al considerar la gravedad del hecho y el monto del perjuicio económico, el cual asciende a $108,000, dinero que presuntamente fue sustraído de la cuenta bancaria de la víctima mediante maniobras informáticas fraudulentas.

Según la investigación, la víctima visualizó en la plataforma YouTube un video, elaborado con inteligencia artificial, en el que una figura gubernamental invitaba a invertir en la bolsa de valores.

Al acceder a un enlace contenido en dicho material, fue redirigida a una página donde realizó un registro y posteriormente recibió una llamada de una supuesta asesora financiera.

El 23 de mayo de 2025, la ofendida efectuó un primer depósito de $250 a una cuenta de Safetypay, bajo la promesa de iniciar con las inversiones. Días después, el 28 de mayo, habría sido contactada nuevamente desde un número con prefijo internacional, ocasión en la que le solicitaron instalar las aplicaciones Binance y Anydesk.

Mediante esta última, los responsables habrían tenido acceso a la información bancaria de la víctima. Un día después, le informaron que había obtenido supuestas ganancias; sin embargo, al revisar su cuenta bancaria constató la sustracción total de los $108,000 que mantenía en la misma.

Las investigaciones establecen que el dinero fue transferido en dos operaciones bancarias, una por $57,500 y otra por $50,500, ambas dirigidas a cuentas de distintos bancos cuya titularidad corresponde a la imputada. El caso continuará su trámite en el Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango, mientras la acusada permanecerá en detención provisional en un centro penitenciario.

Por Redacción YSKL

Integrantes del movimiento ciudadano “Todos Somos El Espino” presentaron ante la Asamblea Legislativa aproximadamente 39 mil firmas y una carta dirigida a la Junta Directiva, en la que solicitan participar en una sesión plenaria para exponer su postura respecto a la construcción del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO) en la Finca El Espino.

De acuerdo con la solicitud, el grupo pidió que “en la próxima plenaria nos puedan permitir la participación ciudadana y poder dialogar” sobre la construcción del proyecto.

Los representantes también plantearon que buscan explicar las razones por las que consideran que el proyecto debería suspenderse y reubicarse en otra zona.

Solicitud de intervención ciudadana ante el pleno

Durante la sesión plenaria, legisladores de los partidos ARENA y VAMOS solicitaron que se habilitara un espacio para escuchar a los integrantes del movimiento ciudadano.

La diputada Claudia Ortiz indicó que la petición se presentó conforme al artículo 78 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, que establece que el pleno “podrá acordar oír a cualquier ciudadano si lo estima conveniente”.

Ortiz expresó que los solicitantes buscan “exponer la situación actual de la construcción de un Centro de Ferias y Convenciones en el bosque del Espino”.

Al respecto, indicó que dicha decisión generó preocupación en parte de la población y mencionó que “7 de cada 10 salvadoreños están en desacuerdo”, según datos citados de una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IUDOP-UCA).

También señaló que la petición incluye la posibilidad de que el proyecto sea reubicado.

Por su parte, la legisladora Marcela Villatoro afirmó que “es importante que esta Asamblea Legislativa escuche a todos los ciudadanos” y que el movimiento busca “encontrar un mejor lugar para poder construirla”. También mencionó que el grupo solicitó reuniones con otras instituciones para plantear su postura sin recibir respuesta.

Resultado de la moción en el pleno

La propuesta para conceder audiencia al movimiento ciudadano fue sometida a consideración del pleno legislativo; sin embargo, no obtuvo los votos necesarios para su aprobación.

La solicitud recibió tres votos favorables, correspondientes a uno de VAMOS y dos de ARENA.

Contexto del proyecto de construcción

En julio de 2025, entró en vigencia la iniciativa aprobada por la Asamblea Legislativa para la transferencia de una porción de terreno en la Finca El Espino al Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO), donde se realizará la construcción de una nueva feria internacional.

Según datos de una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Iudop-UCA), el 68.8 % de las personas consultadas manifiesta estar en desacuerdo con la construcción del nuevo CIFCO en esa zona, mientras que el 23.7 % expresa respaldo a la medida.

Por Redacción YSKL

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINED) presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta para aprobar la “Ley de Creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía General de la República”, iniciativa que plantea la formación de una institución pública de educación superior especializada en áreas vinculadas con la administración de justicia.

El texto indica que la creación del Instituto responde a la necesidad de fortalecer la formación especializada del talento humano vinculado al sistema de justicia, ante la evolución de las ciencias forenses y criminalísticas y las demandas de un sistema judicial moderno.

El MINED plantea que la nueva institución tenga como objetivo “formar profesionales de excelencia académica y técnica, altamente especializados” en ciencias jurídicas, criminalísticas, criminología, ciencias forenses, investigación criminal, administración de justicia y disciplinas afines.

Según el proyecto de decreto, el Instituto sería una entidad con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y académica, patrimonio propio y duración indefinida, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR).

Atribuciones académicas y operativas planteadas para el Instituto:

• Diseñar e impartir programas de formación inicial, capacitación continua, diplomados, maestrías y doctorados en áreas jurídicas y forenses.
• Promover investigación científica y aplicada vinculada con la administración de justicia.
• Fomentar publicaciones académicas, estudios técnicos y desarrollo doctrinario.
• Establecer convenios con instituciones nacionales e internacionales de educación superior y organismos de justicia.
• Certificar competencias profesionales de personal fiscal y otros participantes en programas educativos.
• Impulsar formación en ética profesional, integridad, transparencia y protección de víctimas.
• Desarrollar programas de actualización para fiscales, agentes auxiliares, peritos y personal técnico.

Representación legal y estructura administrativa

La propuesta establece que el Fiscal General de la República será el representante legal del Instituto, con facultad para delegar funciones administrativas y académicas conforme a la estructura organizativa que se defina en el reglamento.

Además, se indica que el reglamento interno deberá emitirse dentro de los treinta días posteriores a la entrada en vigencia de la ley, con disposiciones sobre órganos de dirección, procedimientos académicos, planes de estudio y régimen del personal docente y administrativo.

Patrimonio y control financiero

El proyecto de decreto señala que el patrimonio del Instituto estaría conformado por recursos asignados dentro del presupuesto de la Fiscalía, bienes muebles e inmuebles, ingresos generados por sus actividades, donaciones, cooperación internacional y otros recursos financieros.

El presupuesto anual y el régimen de salarios serían presentados a la FGR para su aprobación y posterior remisión al Ministerio de Hacienda, mientras que la fiscalización estaría a cargo de la Corte de Cuentas de la República.

El texto también establece la implementación de mecanismos de control interno y auditoría independiente.

Marco legal y vigencia

La propuesta se sustenta en disposiciones de la Constitución de la República, la Ley de Educación Superior y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

El documento establece que el decreto entraría en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, de ser aprobado por la Asamblea Legislativa.

Por Redacción YSKL

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la “Ley de Creación de la Autoridad Salvadoreña de la Economía Azul (ASEA)”, normativa que establece la conformación de una institución oficial autónoma adscrita al Ministerio de Economía, con atribuciones rectoras sobre la pesca, la acuicultura y actividades conexas bajo el enfoque de economía azul.

De acuerdo con el contenido aprobado, la nueva entidad contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía financiera, administrativa, operativa y presupuestaria.

La normativa establece que la Autoridad será responsable de formular, evaluar y dar seguimiento a políticas públicas orientadas al uso sostenible de los recursos hidrobiológicos, con el objetivo de garantizar su aprovechamiento sin afectar el medio ambiente ni la biodiversidad.

Función rectora y atribuciones operativas

La ley dispone que la ASEA será la institución competente para aplicar tanto la nueva normativa como la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura.

Entre sus funciones se incluye la regulación del sector mediante licencias, vedas y control del esfuerzo pesquero con base en criterios técnicos y científicos.

Asimismo, la Autoridad tendrá facultades para realizar inspecciones, emitir certificaciones, coordinar acciones con instituciones del Estado y representar al país en espacios internacionales vinculados con la pesca y la acuicultura.

Elementos centrales establecidos en la ley:

• Rectoría de la política nacional de pesca, acuicultura y economía azul.
• Control, verificación y trazabilidad de productos hidrobiológicos.
• Regulación de licencias, vedas y esfuerzo pesquero.
• Coordinación interinstitucional para monitoreo, control y vigilancia.
• Aplicación del régimen de infracciones y sanciones de la normativa vigente.

Régimen sancionatorio bajo competencia directa

La normativa establece que la ASEA tendrá competencia para conocer e imponer sanciones por infracciones contempladas en la legislación pesquera vigente.

El texto indica que los procedimientos sancionatorios serán instruidos conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos, y que las sanciones se aplicarán “sin perjuicio de la deducción de otras responsabilidades legales” en ámbitos marítimo-portuario, ambiental, civil o penal.

El régimen sancionatorio remite al Capítulo VI de la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura, que clasifica las infracciones en leves, menos graves y graves, con sanciones que incluyen multas calculadas sobre el salario mínimo mensual vigente, decomisos y otras medidas administrativas.

También se contemplan responsabilidades para titulares de autorizaciones y capitanes de embarcaciones, así como sanciones agravadas en casos de reincidencia que pueden derivar en la revocatoria de licencias.

Objeto y alcance institucional

La normativa aprobada crea un marco jurídico e institucional para el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a la seguridad alimentaria, el crecimiento económico y el uso racional de los recursos hidrobiológicos mediante el enfoque de economía azul.

El modelo prioriza el uso sostenible de recursos marinos y continentales mediante la innovación y la colaboración multisectorial.

Además, el decreto establece la disolución del Centro de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA), en el marco de la reorganización institucional del sector.

Por Redacción YSKL

Dos adultos mayores resultaron lesionados tras el colapso parcial de una vivienda mientras se realizaban trabajos de reparación en las vigas del inmueble, en la colonia CEL del cantón Natividad, en el departamento de Santa Ana, informó Comandos de Salvamento.

De acuerdo con el reporte de la institución de socorro, los afectados fueron auxiliados en el lugar y posteriormente trasladados en condición estable al Hospital San Juan de Dios de Santa Ana para su evaluación médica.

Comandos de Salvamento indicó que el incidente ocurrió mientras se efectuaban reparaciones en la estructura de la vivienda.

Por Redacción YSKL

El mercado asegurador salvadoreño registraba a noviembre de 2025 un crecimiento cercano al 9% interanual, según datos de la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES) basados en información de la Superintendencia del Sistema Financiero.

El presidente ejecutivo de Aseguradora Suiza Salvadoreña (ASESUISA), Enzo Bizzarro, indicó a YSKL que los ramos con mayor dinamismo han sido “el ramo de vida, el ramo de accidentes y salud”, mientras que el segmento de automotores también mostró incrementos relevantes.

El CEO señaló que la siniestralidad total crecía cerca de un 4% respecto al año anterior, mientras que la siniestralidad global del sistema ha mostrado una tendencia a la reducción en los últimos años.

Sin embargo, precisó que existen diferencias por segmento: la disminución general responde principalmente a la reducción en el ramo de vida, mientras que “salud y autos están incrementando muchísimo más”, con aumentos de alrededor de 8 % a 9 % en salud y cerca de 17 % en automotores.

Tipos de seguros más buscados

De acuerdo con la data citada por la empresa, los seguros de vida encabezan la demanda, seguidos por accidentes y salud.

Posteriormente se ubican los seguros generales, relacionados con riesgos empresariales, y los seguros de automotores.

En el caso de empresas, la composición varía ligeramente, con vida y salud en los primeros lugares, y automotores en una posición posterior debido al aseguramiento de vehículos corporativos.

Bizzarro afirmó que la cobertura vehicular aún es limitada, con apenas entre 20 % y 25 % del parque automotor asegurado, pese a registrarse un total de 2,034,482 vehículos a nivel nacional, según cifras del Viceministerio de Transporte.

Además, mencionó que una encuesta del Banco Central de Reserva refleja que alrededor del 7 % de la población declara contar con seguros, cifra que contrasta con estimaciones gremiales cercanas al 21 %, debido en parte a pólizas colectivas contratadas por empresas.

Indicadores del mercado asegurador destacados por ASESUISA:

• Crecimiento del mercado a noviembre de 2025: cerca del 9 % interanual.
• Siniestralidad total: incremento aproximado del 4 %.
• Incremento de siniestralidad: salud entre 8 % y 9 %; automotores cerca del 17 %.
• Desembolsos del sistema a noviembre del año anterior: alrededor de $372 millones.
• Porcentaje estimado de vehículos asegurados: entre 20 % y 25 % del total.
• Tenencia de seguros según encuesta del Banco Central de Reserva: vida 13 %, salud 7.7 %, automotores 4.6 %, daños 1.9 % y accidentes personales 1.2 %.

Educación financiera y coberturas disponibles

El CEO de ASESUISA explicó que parte de la población considera que no necesita seguros o los percibe como costosos.

Al respecto, citó resultados de encuestas donde cerca del 30 % respondió que “no lo necesitaba”, mientras que otros señalaron costos elevados o desconocimiento de beneficios.

Existe una responsabilidad compartida entre empresas aseguradoras y usuarios para fortalecer la educación financiera y la comprensión de riesgos, indicó.

Sobre la diversificación de productos, detalló que existen planes de salud con coberturas locales, regionales o globales, con beneficios ajustados a necesidades específicas.

También mencionó la existencia en el mercado de seguros agrícolas y modelos paramétricos vinculados a riesgos climáticos, aunque aclaró que algunas coberturas específicas no forman parte del portafolio de su compañía.

Proyecciones para 2026

Para este año, ASESUISA prevé un crecimiento entre 7 % y 8 % en su negocio, con énfasis en seguros dirigidos a personas y familias, como salud, vida y automotores.

Bizzarro indicó que el objetivo es ampliar la base de asegurados y mejorar el acceso mediante procesos digitales y nuevos modelos de atención.

Según datos de la empresa, actualmente cuentan con aproximadamente 250,000 clientes y cerca de un millón de asegurados, considerando pólizas individuales y colectivas.

Por Redacción YSKL

Con 58 votos a favor, la Asamblea Legislativa autorizó al Órgano Ejecutivo la suscripción de un contrato de préstamo de hasta $135 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinado al financiamiento del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana (PIVMU) – Fase I.

Durante la sesión de trabajo de la Comisión de Hacienda, el director general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, explicó que los recursos permitirán ejecutar intervenciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura vial y la movilidad urbana, principalmente en el Área Metropolitana de San Salvador y en el acceso al distrito de Nuevo Cuscatlán, municipio de La Libertad Este.

Según el funcionario, el programa busca mejorar la conectividad, reducir tiempos de traslado y disminuir costos operativos para la población y los sectores productivos.

Intervenciones viales contempladas en el programa

El Ministerio de Hacienda detalló ante los diputados las principales inversiones que se financiarían con el préstamo, las cuales incluyen obras de ampliación, mejoramiento y drenaje, así como la construcción de nuevos pasos a desnivel:

Principales inversiones del PIVMU – Fase I

• Mejoramiento del tramo CA04S – Nuevo Cuscatlán: ampliación a cuatro carriles en un tramo aproximado de 2.5 kilómetros, con dos carriles por sentido, arriate central, ciclovía e incorporación de iluminación, señalización y paisajismo.
• Ampliación del paso a desnivel en el bulevar de Los Próceres (Árbol de la Paz): incorporación de un carril adicional a lo largo del paso existente, con obras complementarias.
• Mejoramiento del paso a desnivel “Hermano, Bienvenido a casa”: reordenamiento de accesos desde la 49ª avenida Norte y la calle a Monserrate, construcción de un paso inferior en la intersección Autopista a Colapa–bulevar de Los Próceres, con una longitud aproximada de 160 metros.
• Obras de drenaje mayor en el bulevar de Los Próceres y 49ª avenida Sur: construcción de un nuevo colector de aguas lluvias para mitigar riesgos de inundación asociados a la limitada capacidad del sistema actual.

A estas obras se suma un componente de construcción de pasos a desnivel en puntos estratégicos del Área Metropolitana:

• Intersección calle antigua a Huizúcar–avenida Las Amapolas, con un puente de aproximadamente 284 metros y dos carriles.
• Intersección bulevar Constitución–calle Zacamil, con una solución a dos niveles y puente superior de dos carriles por sentido.
• Intersección bulevar Constitución–calle al Volcán, que contempla paso inferior y paso superior con rampas.
• Intersección SAL37N–calle La Gloria, con redondel y paso superior con cinco carriles de circulación.

Condiciones financieras del préstamo

De acuerdo con el decreto, el financiamiento tendría un plazo de hasta 20 años, incluyendo cuatro años de gracia a partir del primer desembolso.

El capital se amortizaría mediante cuotas semestrales consecutivas, conforme al calendario que establezca el BCIE.

El contrato prevé una tasa de interés definida por la política del banco, compuesta por una tasa de referencia revisable semestralmente y un margen inicial que podría ser de 250 puntos básicos, ajustable durante la vigencia del préstamo.

Además, se contempla una comisión de compromiso del 0.25 % anual sobre saldos no desembolsados y una comisión de seguimiento y administración del 0.25 % del monto total, pagadera con el primer desembolso.

Trámite pendiente en la Asamblea

El contrato de préstamo deberá regresar posteriormente a la Asamblea Legislativa para su ratificación final.

El decreto entrará en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial.