Por Redacción YSKL

El Salvador e Italia firmaron en Roma un acuerdo de reconocimiento recíproco para la conversión de licencias de conducir, con el que los salvadoreños residentes en territorio italiano podrán hacer valer su licencia conforme a la normativa de ese país.

Según la Cancillería, el convenio fue suscrito por la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, y el ministro de Infraestructura y Transporte de Italia, Matteo Salvini, luego de un proceso de gestiones que se extendió por seis años.

La institución señaló que la medida podría beneficiar a hasta 80 mil salvadoreños radicados en Italia, al facilitar el acceso a empleos en actividades donde conducir es un requisito.

Hill afirmó que “culminar este proceso es para nosotros sumamente importante” y agregó que el acuerdo representa “transformar la diplomacia en oportunidades”.

Beneficios previstos para los residentes salvadoreños

De acuerdo con la información oficial, el reconocimiento de las licencias permitirá reducir trámites y costos asociados a la obtención de documentación válida para conducir en Italia.

La canciller indicó que, para los connacionales, el acuerdo significa “acceso a mejores oportunidades laborales, menos trámites, menos gastos y más tranquilidad para sus familias”.

Por su parte, Matteo Salvini sostuvo que la suscripción del convenio “representa un cambio para familias enteras”, mientras que el canciller italiano, Antonio Tajani, consideró previamente que el instrumento constituye “una oportunidad de integración de la comunidad salvadoreña en Italia”.

Relación bilateral y encuentro con la comunidad

La Cancillería destacó que el acuerdo se suscribe en el año en que ambos países conmemoran el 165.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Como parte de la visita oficial, autoridades salvadoreñas sostuvieron un encuentro con miembros de la comunidad salvadoreña en Italia, donde se presentó el alcance de la medida.

Durante esa actividad, Hill expresó que los salvadoreños en ese país “no son una comunidad lejana” y los describió como “parte viva de nuestra nación”.

Según la cartera de Estado, la comunidad salvadoreña en Italia es la segunda más numerosa fuera de las fronteras nacionales y había planteado durante años la necesidad de un mecanismo que permitiera el reconocimiento de las licencias de conducir emitidas en El Salvador.

Por Redacción YSKL

La empresa Quanto Development colocó este viernes la primera piedra de Plaza Espacio La Libertad, un proyecto comercial que contempla una inversión cercana a los $15 millones y que será desarrollado en el municipio de La Libertad Costa.

El complejo contará con una extensión de 11,000 metros cuadrados y estará orientado a ofrecer servicios y espacios comerciales para residentes, trabajadores y visitantes de la zona.

El proyecto incluirá 21 locales comerciales, siete kioscos, dos locales de autoservicio y tendrá a Súper Selectos como empresa ancla.

Proyecto busca ampliar la oferta comercial

El gerente general de Quanto Development, Alejandro Cantizano, destacó que esta es la segunda iniciativa desarrollada junto al Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS/OPAMSS).

“Este es el segundo proyecto que trabajamos de la mano con COAMSS/OPAMSS”, afirmó Cantizano, quien también agradeció el acompañamiento brindado por las instituciones involucradas en el proceso.

Por su parte, el director ejecutivo de COAMSS/OPAMSS, Luis Rodríguez, señaló que la incorporación de La Libertad Costa al Área Metropolitana de San Salvador respondió a la relación de movilidad existente entre ambas zonas. Además, indicó que el desarrollo turístico ha impulsado nuevas inversiones en el sector.

“Hoy, se viene a La Libertad Costa y nos da satisfacción porque refleja el compromiso y confianza que tiene la empresa Quanto Development”, expresó Rodríguez.

Destacan crecimiento de la zona

La ministra de Turismo, Morena Valdez, afirmó que el proyecto se suma a las inversiones vinculadas al desarrollo de Surf City y al crecimiento residencial registrado en el área.

“Gracias por la confianza en Surf City La Libertad, que tiene su valor diferenciador que son las olas”, manifestó la funcionaria durante la colocación de la primera piedra.

Las autoridades y representantes de la empresa señalaron que el complejo busca fortalecer la actividad económica y ampliar la oferta de servicios en uno de los principales destinos turísticos del país.

Por: Redacción YSKL. –

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de Adrián Ernesto Mangandi, quien es investigado por su presunta participación en delitos relacionados con material de abuso sexual infantil.

Según las autoridades, la detención se produjo tras recibir una alerta que señalaba que el sospechoso formaría parte de una red internacional dedicada al intercambio de este tipo de material, el cual, de acuerdo con las investigaciones preliminares, era utilizado para consumo personal.

El procedimiento se ejecutó en una vivienda ubicada en Ahuachapán Norte. Durante el allanamiento, fiscales y agentes policiales incautaron una computadora portátil y un teléfono celular, dispositivos que serán sometidos a análisis pericial como parte de la investigación.

La Fiscalía indicó que las evidencias recolectadas servirán para fortalecer el caso y determinar el alcance de la presunta participación del imputado.

Por: Redacción YSKL. –

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 17 años de prisión a Jesús Wilfredo Ayala Morales, tras declararlo culpable del delito de homicidio en perjuicio de Isaí González Noyola.

De acuerdo con la resolución judicial, los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2024, cuando Ayala Morales conducía un automóvil y sostuvo una discusión con un motociclista mientras ambos transitaban por las cercanías de la urbanización Brisas del Sur, en el distrito de Soyapango.

La investigación estableció que el altercado continuó hasta la colonia Santa Rita, donde ambos conductores detuvieron la marcha de sus vehículos. En ese lugar, el ahora condenado golpeó a la víctima, le quitó las llaves de la motocicleta y posteriormente abandonó la escena a bordo de su automóvil.

Sin embargo, según las pruebas valoradas por el tribunal, Ayala Morales regresó poco después portando un arma de fuego y disparó contra González Noyola, causándole la muerte.

Tras cometer el crimen, el imputado huyó del lugar, pero fue localizado y capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la zona de la carretera El Litoral, en la jurisdicción de La Libertad Costa.

Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó diversas pruebas que permitieron acreditar la participación directa del acusado. Entre ellas figuraron mensajes de texto intercambiados con personas de su entorno familiar, la declaración de un testigo protegido que lo ubicó en el lugar y momento de los hechos, así como un análisis de geolocalización telefónica que confirmó su presencia en la escena del homicidio.

Con base en estos elementos, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió un fallo condenatorio e impuso a Jesús Wilfredo Ayala Morales una pena de 17 años de prisión por el delito de homicidio.

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El Tribunal de Sentencia de Usulután condenó a diez años de prisión a Kevin Vladimir Díaz Sorto, tras encontrarlo culpable del delito de robo agravado en perjuicio de una persona que atendía un negocio en el distrito de Jucuapa, municipio de Usulután Norte.

De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio, el hecho ocurrió el 3 de junio de 2022, cuando el ahora condenado ingresó a una tienda ubicada en ese distrito y, utilizando un arma de fuego, amenazó a la víctima para obligarla a entregar dinero en efectivo, su cartera, un teléfono celular y una motocicleta.

Según la investigación, una vez obtenido el botín, Díaz Sorto huyó del lugar. Tras la denuncia interpuesta por la víctima, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron las diligencias correspondientes para identificar y localizar al responsable.

Las labores de búsqueda permitieron ubicar al imputado en el cantón El Palón, en la jurisdicción de Ciudad El Triunfo, donde fue capturado por las autoridades.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que acreditaron la participación de Díaz Sorto en el hecho delictivo, elementos que fueron valorados por el tribunal al momento de emitir el fallo condenatorio.

Como resultado, el Tribunal de Sentencia de Usulután impuso al procesado una pena de diez años de prisión por el delito de robo agravado.

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El Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad condenó a Pedro Guevara Menjívar a seis años de prisión tras declararlo culpable del delito de hurto, previsto y sancionado en el artículo 207 del Código Penal.

De acuerdo con la resolución judicial, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2026 en la hacienda Santa Emilia, ubicada en el distrito de San Rafael Abajo, La Libertad Costa, donde fue reportada la sustracción de una cámara de videovigilancia instalada dentro de la propiedad de la víctima.

Según las investigaciones, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que realizaban un patrullaje preventivo en la zona atendieron una denuncia que alertaba sobre el hurto del equipo de vigilancia. Al llegar al lugar, los policías localizaron a Guevara Menjívar, quien admitió haber sustraído la cámara, por lo que fue capturado en el lugar.

Durante la vista pública, la Fiscalía presentó prueba testimonial y otros elementos probatorios que permitieron acreditar la responsabilidad penal del imputado en los hechos.

Con base en las evidencias incorporadas al proceso, el juzgado emitió fallo condenatorio e impuso a Pedro Guevara Menjívar una pena de seis años de prisión por el delito de hurto.

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El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Camila Valeria Mayen de Cortez, procesada por el delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.

Según el requerimiento fiscal, la imputada fue detenida el 5 de junio de 2026 durante un procedimiento realizado por agentes de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) en la colonia América, ubicada en el barrio San Jacinto de San Salvador. Las autoridades desarrollaban labores de verificación tras recibir información de la voz pública sobre presuntas actividades vinculadas al tráfico de drogas en la zona.

De acuerdo con la investigación, la mujer transitaba por el sector cuando observó la presencia policial e intentó alejarse del lugar, por lo que los agentes le ordenaron detenerse y procedieron a intervenirla.

Durante la requisa, las autoridades encontraron en un bolso que portaba 49 porciones de polvo blanco distribuidas en recortes de bolsas plásticas transparentes selladas con cinta adhesiva. Las pruebas de campo practicadas a la sustancia dieron resultado positivo a cocaína.

La Fiscalía detalló que la droga incautada tuvo un peso de 34.093 gramos y un nivel de pureza del 23.1 %. Estos elementos fueron incorporados como parte de la evidencia presentada durante la audiencia inicial.

Tras analizar los indicios expuestos por la parte acusadora, el juez concluyó que existen elementos suficientes para presumir la comisión del delito y la posible participación de la imputada. Además, consideró que existe riesgo de fuga u obstaculización de la investigación, por lo que ordenó que el proceso continúe en la etapa de instrucción con la acusada en detención provisional.

Por: Redacción YSKL. –

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Carlos Antonio Henríquez Cornejo por el delito de feminicidio agravado y lo condenó a 50 años de prisión por la muerte de su esposa, ocurrida en Santa Tecla.

De acuerdo con la resolución judicial, la investigación estableció que durante más de 30 años de convivencia la víctima estuvo expuesta a constantes episodios de violencia emocional, psicológica, física y económica ejercidos por Henríquez Cornejo. Según las pruebas presentadas en el juicio, el condenado consumía bebidas alcohólicas de manera excesiva y, en estado de ebriedad, agredía frecuentemente a su pareja.

Los hechos que dieron origen al proceso ocurrieron el 25 de agosto, cuando ambos regresaron de una actividad familiar. Conforme a la investigación, esa noche la víctima se encontraba en la habitación que compartía con el imputado, quien estaba bajo los efectos del alcohol. Testimonios incorporados al proceso señalaron que alrededor de las 10:00 de la noche se escuchó a la mujer llorar y pedir que las agresiones cesaran, mientras el ahora condenado le exigía que guardara silencio.

Al día siguiente, Henríquez Cornejo notificó a las autoridades sobre el fallecimiento de su esposa. Al llegar al lugar, agentes policiales encontraron el cuerpo de la víctima cubierto con una sábana, sin ropa y con evidentes signos de violencia. Posteriormente, un informe forense determinó que presentaba lesiones compatibles con agresión física y concluyó que la causa de muerte fue un síndrome asfíctico provocado por la obstrucción de las vías respiratorias.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas testimoniales, documentales y periciales que permitieron acreditar el contexto de violencia sistemática que sufrió la víctima durante años. Entre los hallazgos expuestos se estableció que la mujer desarrolló el denominado síndrome de la mujer maltratada, una condición que la llevó a justificar las agresiones y dificultó que pudiera abandonar la relación.

En su resolución, el juzgado consideró que existía una situación de especial vulnerabilidad de la víctima y que el condenado aprovechó la relación de confianza construida durante décadas de convivencia para ejercer violencia en el ámbito privado hasta causarle la muerte. Con base en estos elementos, el tribunal emitió una condena de 50 años de prisión por feminicidio agravado.

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El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana, a través del juez uno, condenó a 45 años de prisión a Edmundo Alexander Díaz Hernández, Wilber Vladimir Mendoza Rivera y Douglas Odir Melgar Torres, tras establecer su responsabilidad penal por el delito de agrupaciones ilícitas.

De acuerdo con la resolución judicial, los tres condenados desempeñaban funciones de liderazgo dentro de la Pandilla 18 Sureños, donde ostentaban el rango de palabreros.

En el mismo proceso, el tribunal impuso penas de 30 años de prisión a 14 imputados identificados como homeboys de la estructura criminal. Además, otras ocho personas fueron condenadas a 20 años de cárcel por colaborar con las actividades ilícitas desarrolladas por la agrupación.

Durante el juicio, la representación fiscal presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que, según la sentencia, permitieron acreditar la pertenencia de los procesados a la tribu Chalchuapa, cancha Buenavista, vinculada a la Pandilla 18 Sureños.

La resolución judicial también establece que los ahora condenados fueron capturados entre los años 2022 y 2023 en distintos puntos de la zona occidental del país, como parte de los operativos desarrollados por las autoridades en el marco del Régimen de Excepción.

Con base en las pruebas incorporadas al proceso, el tribunal determinó la responsabilidad penal de los acusados y emitió las respectivas condenas por su participación dentro de la estructura criminal.

Por: Redacción YSKL. –

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a 30 años de prisión a Idalia Marilú Ramírez Aldana tras encontrarla culpable del delito de homicidio agravado en perjuicio de su hija de 16 años. Además de la pena de cárcel, la imputada fue condenada civilmente en abstracto.

Durante la vista pública se estableció que el 29 de mayo de 2019 la procesada notificó a las autoridades sobre el fallecimiento de la adolescente en una vivienda ubicada en el cantón La Joya, distrito de Coatepeque, en Santa Ana Este. Sin embargo, las inconsistencias detectadas entre su relato y las condiciones observadas durante el levantamiento del cadáver llevaron a las autoridades a ordenar una autopsia.

Los resultados periciales determinaron que la causa de muerte estuvo relacionada con un cuadro de desnutrición severa y un trauma craneoencefálico grave. Asimismo, se documentó que la víctima presentaba múltiples lesiones compatibles con maltrato prolongado, incluyendo escoriaciones, quemaduras de primer grado en ambos pies y úlceras en la región lumbar.

La prueba científica también concluyó que la adolescente padecía un síndrome metabólico grave, caracterizado por una pérdida extrema de peso, masa muscular y tejido graso, condición que evidenciaba un severo deterioro físico al momento de su fallecimiento.

Como parte de las pruebas presentadas durante el juicio, se incorporó un perfil criminológico de la acusada que identificó rasgos psicopáticos asociados a conductas de daño hacia terceros, además de características de personalidad narcisista y tendencias a la crueldad.

En la sentencia, el juez ordenó certificar lo conducente a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue la posible participación de otras personas en los hechos, debido a indicios que sugieren que algunas de las lesiones sufridas por la víctima pudieron haber requerido la intervención de más de una persona.