Por Redacción YSKL

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo con el objetivo de incorporar la cadena perpetua para quienes integren este tipo de estructuras, en concordancia con la reforma constitucional aprobada este 17 de marzo.

La iniciativa plantea modificar el artículo 13 de dicha ley para establecer que quienes formen parte de organizaciones terroristas “serán sancionados con prisión perpetua”, sustituyendo la normativa vigente que fija penas de entre 15 y 20 años, y de 30 a 40 años para cabecillas.

Además, se establece que en el caso de organizadores, jefes o dirigentes, su conducta será considerada agravada para efectos de revisión de la pena.

Alcance de la reforma propuesta

La modificación busca armonizar la legislación secundaria con el cambio al artículo 27 de la Constitución, que ahora permite la aplicación de la pena perpetua en casos específicos.

De acuerdo con los considerandos, la pertenencia a organizaciones terroristas implica una “adhesión consciente” a actividades que afectan la seguridad pública, por lo que se plantea una sanción acorde a la gravedad de estos delitos.

Contexto de la reforma

La propuesta forma parte de un conjunto de reformas impulsadas por el Ejecutivo tras la aprobación legislativa de cambios constitucionales que permiten la cadena perpetua en casos de homicidio, violación y terrorismo.

Dicha reforma, avalada con 59 votos, establece que “la pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, manteniendo su prohibición en otros casos.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, indicó previamente que estas iniciativas buscan “homologar las leyes secundarias” con el nuevo marco constitucional.

La propuesta será analizada por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa como parte del proceso de estudio previo a su eventual aprobación.

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A casi 46 años del magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, la investigación en el caso penal continúa sin avances, por lo que el crimen sigue en la impunidad, afirmó el cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez, en el marco de los preparativos para la conmemoración del martirio del arzobispo de San Salvador.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades dejaron de investigar hechos clave vinculados con la ejecución del religioso, lo que habría permitido establecer en un juicio la identidad de los autores materiales e intelectuales del crimen.

“El crimen sigue sin investigarse. El juez que llevaba la causa, juez Amaya, fue amenazado de muerte y huyó del país. Entonces, nunca se investigó no hay nada oficial sobre el crimen (…) el tema de la investigación habría que ver cómo el Gobierno lo va a hacer porque lo que vemos no parece convincente, ni tampoco parece que haya una voluntad de investigar porque el caso tiene impacto mundial y sigue siendo un caso impune”, afirmó el cardenal Rosa Chávez.

Monseñor Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 en la capilla del Hospital Divina Providencia mientras oficiaba misa. Aunque el caso fue investigado inicialmente, el juez a cargo recibió amenazas y abandonó el país.

El proceso fue reabierto en marzo de 2017 y actualmente se encuentra en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, donde se procesa al capitán Álvaro Saravia, señalado como autor material; sin embargo, en los últimos meses no se han registrado diligencias relevantes, siendo las más recientes en 2023.

El cardenal Rosa Chávez también se refirió a un informe del Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos, en el que se señala la posible comisión de delitos de lesa humanidad en el país bajo el régimen de excepción.
“Creo que es bueno tener esa información objetiva, que obliga a tomar postura y obliga a ser responsable. Decía Rivera (arzobispo Arturo Rivera y Damas la mentira tiene las patas cortas. Hay que tener paciencia histórica para que las cosas encuentren de repente la luz de la verdad y también de la justicia y también del perdón porque sin perdón no hay justicia verdadera, la venganza nunca traerá paz”, agregó el religioso.

El cardenal cuestionó la extensión del régimen de excepción en El Salvador, el cual se mantiene vigente desde hace casi cuatro años y ha derivado en la detención de más de 89,000 personas acusadas de vínculos con estructuras pandilleriles y otros delitos.

Por Redacción YSKL

La Asamblea Legislativa aprobó este martes, con 59 votos a favor y dispensa de trámite, una reforma constitucional que permitirá imponer la pena de cadena perpetua en casos de homicidio, violación y terrorismo.

La modificación establece un cambio en el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución, que anteriormente prohibía las penas perpetuas.

Con la reforma, se mantiene la prohibición general, pero se añade una excepción: “La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”.

El decreto aprobado deberá ser sometido a ratificación, conforme al procedimiento constitucional.

Propuesta del Ejecutivo y reformas complementarias

La iniciativa fue presentada por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien explicó que el planteamiento incluye también ajustes a leyes secundarias.

“La solicitud recae en una modificación al inciso segundo del artículo 27”, indicó el funcionario.

Agregó que se presentó “un paquete de reformas a nuestro Código Penal (…) para homologar las leyes secundarias” con el cambio constitucional.

El titular de Seguridad sostuvo que la propuesta busca incorporar nuevas sanciones frente a delitos graves. “Estamos solicitando la cadena perpetua para este tipo de criminales”, afirmó.

Postura del oficialismo en el pleno

Durante la discusión, diputadas de Nuevas Ideas respaldaron la reforma y la vincularon con la política de seguridad.

Suecy Callejas señaló que la iniciativa tiene como objetivo que quienes cometan estos delitos enfrenten la sanción máxima.

“La reforma (…) propone que (…) cumplan su pena para siempre”, expresó.

Por su parte, Elisa Rosales afirmó que la medida busca reforzar el marco jurídico en materia de seguridad. “Estamos discutiendo una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua como pena máxima”, indicó.

Ambas legisladoras señalaron que la propuesta se enmarca en acciones impulsadas desde 2022 en materia de seguridad.

Postura de ARENA y propuestas adicionales

La diputada Marcela Villatoro, de ARENA, manifestó que su fracción acompañó la reforma, aunque planteó incorporar otras medidas, como la castración química en el Código Penal.

“Vamos a acompañar esta reforma constitucional porque no queremos ver violadores libres”, expresó.

Sin embargo, solicitó que otras iniciativas relacionadas, como reformas adicionales en materia penal, sean estudiadas en comisión. Estas propuestas no obtuvieron los votos necesarios para su incorporación.

Proceso legislativo

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, indicó que la propuesta sería tramitada conforme al procedimiento constitucional.

“Vamos a seguir cada uno de esos pasos para hacer esta reforma constitucional”, afirmó previo a la votación.

Tras su aprobación inicial, el decreto deberá continuar el proceso de ratificación para su entrada en vigencia.

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El Juzgado de Primera Instancia del Puerto de La Libertad ordenó apertura a juicio contra Daniel Alexander L. M., acusado de los delitos de homicidio culposo, conducción peligrosa de vehículos automotores, fraude procesal y omisión del deber de socorro.

Según las investigaciones, el hecho ocurrió el 27 de julio de 2025, en el kilómetro 43 y medio de la carretera Litoral Oriente, en el cantón Melara, departamento de La Libertad.

Las víctimas, dos hermanas de 10 y 13 años, caminaban a la orilla de la calzada cuando fueron atropelladas por el imputado, quien se conducía a excesiva velocidad.

Posteriormente, se dio a la fuga. Asimismo, se le atribuye haber manipulado la escena del hecho al sustituir el parabrisas y el capó del vehículo, los cuales resultaron dañados tras el impacto, y ocultarlos con el propósito de eliminar evidencia. El juzgado ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el imputado, mientras continúa el proceso en su contra.

El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango decretó instrucción formal con detención provisional contra Elías M. F., de 42 años, a quien se le atribuye el delito de lesiones graves agravadas en perjuicio de su esposa, Rosa Amalia F. de M., de 43 años.

Tras analizar los indicios presentados en la audiencia inicial, la juzgadora determinó que el proceso continúe a la siguiente etapa y ordenó el traslado del imputado al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona.

Los hechos ocurrieron en la comunidad Primero de Diciembre. De acuerdo con las investigaciones, el incidente se originó durante una discusión de pareja, luego de que la víctima reclamara al imputado por una supuesta relación paralela con una expareja.

Ante estos reclamos, el procesado reaccionó de forma violenta y la lanzó contra el suelo, provocándole una fractura en el brazo derecho.

El dictamen del Instituto de Medicina Legal confirmó la gravedad de la lesión y estableció un tiempo de incapacidad de al menos 30 días, sin incluir el proceso de fisioterapia necesario para la recuperación de la movilidad de la extremidad. El caso será remitido al Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango para la continuación del proceso.

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En juicio sumario, el Juzgado Primero de Paz de Soyapango condenó a Franklin Gabriel A. A., de 40 años, a una pena de dos años de prisión, tras ser hallado culpable del delito de conducción peligrosa de vehículos automotores.

La juzgadora autorizó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la cual quedará sujeta al cumplimiento de reglas de conducta obligatorias.

Durante los próximos dos años, el ahora condenado tiene prohibido renovar su licencia de conducir y consumir bebidas embriagantes; el cumplimiento de estas medidas será supervisado por un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena.

Los hechos que derivaron en esta sentencia ocurrieron la noche del 21 de enero, entre las 9:30 y las 10:00 p. m., en el acceso a la urbanización Prados de Venecia.

En dicho sector, agentes de la Policía Nacional Civil interceptaron al imputado mientras conducía de manera errática un microbús. Al realizarle la prueba de alcotest, las autoridades confirmaron que manejaba con 117 miligramos de alcohol en aliento.

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El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana condenó a Samuel Iván Rivas Rivas a 62 años de prisión, desglosados en 50 años de cárcel por el delito de feminicidio agravado y 12 años por robo. De acuerdo con lo establecido en el juicio, los hechos ocurrieron la noche del 4 de junio de 2024, en el cantón Natividad, distrito de Santa Ana, donde la víctima, una mujer de 69 años, se encontraba en su vivienda, en la que también funcionaba un pequeño negocio de venta de bebidas alcohólicas.

El imputado, quien era conocido de la víctima, ingresó al lugar. Con base en las pruebas presentadas, se determinó que, durante la madrugada, el imputado lesionó a la víctima con un cuchillo, causándole la muerte. Posteriormente, sustrajo dos teléfonos celulares y otros objetos de su propiedad, para luego huir del lugar.

El 5 de junio, al no lograr comunicarse con la víctima, sus familiares solicitaron verificar su estado. Al llegar a la vivienda, alertaron a las autoridades tras observar rastros de sangre en el portón.

Agentes policiales ingresaron al inmueble y confirmaron el fallecimiento. El imputado fue capturado el 6 de junio de 2024 y, durante el procedimiento, se le encontró uno de los teléfonos de la víctima. Asimismo, en un registro realizado en su lugar de residencia, se localizaron otros objetos sustraídos.

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El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla dictó fallo condenatorio contra Marcos Danilo Ruano Blanco y Carlos Humberto Leiva Benítez, tras hallarlos culpables del delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.

El juzgador impuso una pena de diez años de prisión para Ruano Blanco y siete años para Leiva Benítez, luego de que el desfile probatorio acreditara su participación en el tráfico de estupefacientes.

Los hechos ocurrieron la tarde del 5 de septiembre de 2025, cuando investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) interceptaron a los ahora condenados en una estación de servicio ubicada en Santa Elena, distrito de Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este.

Según el reporte oficial, ambos se disponían a realizar una transacción de droga en las cercanías del redondel Holcim.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron más de un kilogramo de cocaína, cuyo valor en el mercado ilegal asciende a $25,235. A partir de las pruebas periciales y testimoniales presentadas por la representación fiscal, el tribunal determinó la responsabilidad penal de ambos imputados y ordenó su permanencia en un centro penal para el cumplimiento de sus respectivas condenas.

Por: Redacción YSKL

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado C de San Miguel dictó sentencia condenatoria contra Alex Oklely Romero, miembro de la estructura MS-13, imponiéndole una pena de 340 años de prisión.

El sujeto fue declarado culpable de múltiples casos de extorsión agravada en perjuicio de diversas víctimas en la zona oriental del país. En el mismo proceso, el tribunal condenó a Francisco Antonio Herrera a 152 años de cárcel, mientras que César Omar Hernández Quintanilla recibió una pena de 62 años.

Según la investigación fiscal, validada en juicio, los ahora condenados integraban una red criminal que, entre 2010 y 2016, se dedicó a la ejecución de extorsiones y al menos 12 robos agravados.

Durante la vista pública, se demostró mediante pruebas periciales y testimoniales que los imputados utilizaban llamadas telefónicas para amedrentar a comerciantes y ciudadanos de San Miguel.

Exigían cuotas mensuales de dinero en nombre de la pandilla, bajo la amenaza de atentar contra la integridad física de las víctimas o de sus familias en caso de no acceder a las exigencias.

Por Redacción YSKL

La Universidad de El Salvador (UES) anunció el lanzamiento del proyecto científico “ADN: Descubriendo la Vida Secreta para la Conservación de Nuestro Océano” (MAREADN), orientado al monitoreo y conservación de la biodiversidad marina en el país.

La iniciativa será ejecutada por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática y la Escuela de Biología, con el apoyo de la Embajada de Francia en El Salvador y el Instituto de Recherche pour le Développement (IRD).

Según informó la universidad, el proyecto se desarrollará en los arrecifes del Área Marina Protegida Los Cóbanos, en Acajutla, donde se aplicarán herramientas científicas para el estudio de los ecosistemas.

“Aplicará técnicas de ADN ambiental (…) e isótopos estables para monitorear la biodiversidad, identificar especies y comprender la dinámica de estos ecosistemas”, indicó la UES.

Participación académica y formación de estudiantes

El rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, señaló que el proyecto incluirá la participación de estudiantes de la Licenciatura en Biología Marina.

“Participan los estudiantes (…) y la incorporación de un equipo de entre 10 y 15 jóvenes que van a tener la oportunidad de la experiencia práctica en el campo del mar”, afirmó.

Añadió que esta experiencia permitirá fortalecer la formación profesional de los participantes.

“Para que a futuro también puedan aplicar sus conocimientos ya como profesionales de este país”, expresó.

El rector también destacó el respaldo internacional al proyecto. “La cooperación internacional (…) confía en nosotros y remarca el esfuerzo (…) en el tema de investigación científica”, señaló.

Elementos del proyecto MAREADN:

• Aplicación de ADN ambiental (eDNA)
• Uso de isótopos estables
• Monitoreo de biodiversidad marina
• Identificación de especies
• Estudio de dinámica de ecosistemas arrecifales
• Enfoque en el Área Marina Protegida Los Cóbanos

Cooperación internacional en investigación marina

La embajadora de Francia en El Salvador, Anne Denis, indicó que el proyecto forma parte de un esfuerzo por fortalecer la cooperación científica entre ambos países.

“Tenemos este convenio para apoyar con un proyecto de investigación en la costa de El Salvador, especialmente en (…) Los Cóbanos”, afirmó.

La diplomática señaló que el estudio se enmarca en iniciativas regionales sobre protección de los océanos y destacó el potencial de la biodiversidad marina en la zona.

“Parece que en la costa (…) hay una biodiversidad muy alta, pero se debe proteger, se debe conocer y se debe proteger”, expresó.

Además, mencionó que esta colaboración se suma a otros proyectos impulsados en el país relacionados con la protección de manglares y el apoyo a la pesca artesanal.

La UES reiteró que el proyecto forma parte de sus acciones en investigación científica y conservación del patrimonio natural, en coordinación con aliados internacionales.