La Subcomisión para el estudio de la Ley de Adquisidores y Contrataciones Públicas (LACAP) y Ley Orgánica de Administración Financiera (Ley AFI) con el uso de tecnologías, continúo con el análisis de modificaciones a la LACAP; en ese sentido se avalaron artículos referentes a adicionar la modalidad de contrataciones en forma electrónica como la subasta y el catálogo, así como habilitar la base legal para iniciar los actos preparatorios de compras que resulten críticos e indispensables para ejecutarse a partir del primer día de cada ejercicio fiscal.
Este último apartado -artículo 10- permitiría iniciar la gestión y adjudicar hasta que se cuente con presupuesto vigente, respetando la norma constitucional; esto aplicaría para adquisición de servicios de limpieza de hospitales, alimentación de pacientes, servicios de vigilancia privada, telecomunicaciones, seguros, entre otros, es decir que estos no correrían riesgo de suspensión al iniciar cada año por la falta de adjudicación o demora en los procesos de compra.
Por otra parte, se introduce la modalidad de catálogo electrónico -artículo 40B- como un conjunto de bienes y servicios que ofrecen los proveedores seleccionados que formarían parte de un convenio marco. En cuanto a la subasta electrónica para adquirir bienes y servicios estandarizados, se realizaría en dos fases -artículo 40-C-, la primera para la calificación de propuestas técnicas y la segunda, para la ejecución.
Los parlamentarios también encontraron consenso alrededor de artículos 1, 18, 33,40-D y 52, referentes a las competencias para adjudicaciones, mantenimiento de la oferta para reducir costos de transacción de procesos, incremento de participación de proveedores nacionales y extranjeros, facilitar el acceso de las MYPES en las compras gubernamentales, seguimiento y ejecución contractual a las compras derivadas del catálogo y licitación por subasta, además de establecer que la modalidad para la presentación de ofertas será electrónica, y en casos excepcionales se realizará física.
Respeto al avance de la mesa legislativa, la coordinadora de la misma, diputada Margarita Escobar (ARENA) celebró el consenso en los apartados avalados. “Hemos avanzado hasta el artículo 8. El Estado tiene una compra pública de $1,200 millones al año, y hacerlo electrónicamente permitirá mayores niveles de transparencia, muchísimos niveles de ahorro, pero además mayor participación de las MYPES, por eso esta reforma es tan importante”.
La parlamentaria aseguró que estas enmiendas colocarían a El Salvador, en un esquema de modernización para evitar “los compadrazgos o te doy esta compra pero me das tanto y ese tipo de prácticas pues la tecnología las evita”.
Durante la reunión, los parlamentarios contaron con el apoyo técnico de representantes de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
Para la sesión de la próxima semana, la subcomisión convocará a la Asociación Salvadoreña de Derecho de las Nuevas Tecnologías, para conocer su opinión respecto a la moción de reforma en estudio, y retomará el análisis de las propuestas de reforma.
