El Fiscal General de la República, Raúl Melara, entregó este día los restos de dos de los cuatro soldados desaparecidos en la Colonia Vista al Lago, Ilopango, presuntamente ejecutados por una estructura criminal que operaba en la zona.
Este es el primer hallazgo realizado a un mes de la creación de la Unidad Especializada para casos de Personas Desaparecidas, la cual forma parte de la estrategia que el Fiscal General ejecuta para el combate de este flagelo delincuencial.
Las investigaciones de la Fiscalía lograron dar con la ubicación de los terrenos donde los miembros de una pandilla de la zona habían enterrado a sus víctimas, entre 2007 y 2018, periodo en el que se registraron diversas desapariciones.
A raíz de las investigaciones, la Fiscalía ordenó la detención de 128 terroristas de la referida estructura, acusados por dichos crímenes, así como por extorsión y agrupaciones ilícitas. “El crimen no quedará impune”, dijo el Fiscal General, al entregar los restos de los soldados a sus respectivas familias.
El Ministerio Público ha recuperado, hasta la fecha, 13 cadáveres de diferentes fosas clandestinas de Vista al Lago. “A partir de esta administración vamos a dar prioridad al tema. Cada persona cuenta”, recalcó Melara.
Los trabajos en la zona continuarán hasta encontrar todos los cuerpos enterrados, dijo, mientras que la totalidad de los detenidos se encuentran en prisión, esperando que se realice la audiencia preliminar, en el juzgado especializado de instrucción de San Salvador.
Según la correlación de los hechos, los soldados se dirigían a un curso de la Unidad Militar del Comando de Fuerza Aérea, sobre el Boulevard El Ejército, donde tomaron un bus equivocado y fueron privados de libertad luego asesinados por pandilleros de la MS el 10 de octubre de 2016.
Los restos que serán entregados este miércoles son de los soldados Nelson Omar Díaz López, de 22 años y Saúl Humberto Turbín Gómez, de 24.
Wilfredo Pérez López, de 26 años y Leónidas Enrique Morales Morán, de 22 aún no han sido reconocidos en los exámenes de ADN practicados a los cuerpos, por lo que la fecha de entrega ser reprogramará.
Las víctimas eran originarias de las zonas rurales de los departamentos de Ahuachapán y Sonsonate.
