Defensores de la ex primera dama, Vanda Pignato, interpusieron un «habeas corpus» preventivo, a favor de su clienta porque afirman su detención domiciliar es ilegal.
El caso que argumentan es el de su acusación de lavado de dinero en la presidencia de Mauricio Funes (2009-2014), que se ventila actualmente en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador.
El abogado Pedro Cruz dijo que “el plazo para investigar el caso en que ella es procesada, se ha extendido arbitrariamente e irresponsablemente por parte de los juzgadores, está sometida a procesos de investigación fuera de los parámetros y plazos establecidos de la ley», indicó.
Los profesionales piden a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, libertad para la ex funcionaria, puesto que la primera prórroga del plazo de instrucción terminó el 7 de Agosto. Esta fue de seis meses más, solicitada previamente por la Fiscalía General de la República (FGR) y aducen que el Código Procesal Penal no contempla esta variable.
La brasileña es acusada de haber lavado $165 mil dólares provenientes de la cuenta subsidiaria de la presidencia, mejor conocida como partida secreta, que a su vez fue desviada a una red de cuentas en el sistema bancario estatal, para beneficiar a su entonces esposo, Mauricio Funes; de quien se le acusa del desvío de $351 millones.
De acuerdo con la Fiscalía, los fondos se movieron mediante depósitos a cuentas bancarias y fueron utilizados para el pago de préstamos y tarjetas de crédito, así como para la compra de un vehículo de “lujo” con “dinero en efectivo”.
En el otro proceso, Pignato es acusada de simulación de delito, lo cual se origina en una denuncia que ella hizo ante la Fiscalía en la que aducía que le habían falsificado la firma para comprar una camioneta de lujo.
