Cámara reitera que Magistrado Escalante no cometió delito.

La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, reiteró la resolución en la que tipificó el delito de agresión sexual, por una falta, a favor del Magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, Eduardo Jaime Escalante Díaz.

La semana pasada, la Cámara decidió declararse incompetente de conocer el caso, por lo que fue trasladado al Juzgado de Paz de Tonacatepeque, que será el encargado de sancionar al funcionario.

Este lunes, difundió un comunicado en el que explica que la conducta de Escalante Díaz “no es constitutiva del tipo penal por el cual fue acusado, es decir agresión sexual en menor”, según los Magistrados, por los elementos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) en el Dictamen de Acusación.

“Esta decisión se encuentra fundamentada en los hechos, en los elementos de prueba aportados por la niña víctima y en el dictamen pericial correspondiente, así como en criterios doctrinarios y jurisprudenciales”, reza el documento judicial.

No obstante, los juzgadores determinaron que no quiere decir que “la conducta que se le imputa al Licenciado Eduardo Jaime Escalante Diaz, haya sido considerada atípica; sino que la misma se calificó jurídicamente como la infracción penal constitutiva de falta tipificada en el No. 4) del Art. 392 del Código Penal, Capítulo IV, Faltas Relativas a la Familia, Buenas Costumbres y al Decoro Público, que dice: “El que aprovechándose… del descuido de quien transita por calles o lugares públicos, realizare tocamientos impúdicos”.

El argumento fue rechazado por el Presidente Nayib Bukele, quien desde un principio motivó a la Corte Suprema a investigar a los Magistrados que dictaron resolución y solicitó revisar los procedimientos judiciales para delitos sexuales.

“Es extraño como pasan de ‘presunción de inocencia’, ‘tipificación del delito’, ‘responsable proceso de deliberación’…a ‘constituyen una clara violación a la independencia judicial y obstaculizan indebidamente nuestra función judicial”, cuestionó el mandatario.

El Tribunal por su parte rechazó los señalamientos de diversos sectores, como funcionarios del Ejecutivo “incluídos los ciudadanos Presidente y Vicepresidente de la República-, por cuanto constituyen una clara violación a la independencia judicial y obstaculizan indebidamente nuestra función judicial.

El documento fue firmado por el Magistrado Presidente Guillermo Arévalo Domínguez y el Segundo Magistrado Martín Rogel.