Representantes defensores de derechos humanos llegaron este lunes a la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar que se inicie un proceso de investigación contra los magistrados de la Cámara Primero de Lo Penal de San Salvador, Guillermo Domínguez, Martín Rogel Zepeda y Marta Lidia Peraza quienes minimizaron el delito por el que está siendo procesado Eduardo Jaime Escalante Díaz.
Se trata del Magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, quien es acusado de agredir sexualmente a una niña de 10 años, en Tonacatepeque, a inicios de año.
Según se conoció, la Cámara Penal determinó que no había un delito presente, más sólo una falta, por lo que el Juez Escalante fue remitido al Juzgado Segundo de Paz de la referida comprensión, para recibir una sanción. Por lo que los Magistrados de esta instancia decidieron declararse incompetentes.
Bessy Ríos representante de la sociedad civil pidió a la fiscalía que apele la resolución, tras considerar que con esta resolución de la cámara sienta un mal precedente en el país.
“Estamos solicitando como defensores de derechos humanos, que la Fiscalía investigue a los Magistrados que firmaron la resolución, porque desde nuestra perspectiva parece que se ha dado una resolución contraria a derecho (prevaricato); hay un antecedente de la cámara tercera de lo penal, que ya ha condenado a una persona por tocamientos de glúteos a una menor de edad, en el Mercado, para cuatro años; y esta cámara hace un cambio de trasladar un delito de agresiones sexuales a tocamientos impúdicos”, explicó Ríos.
La abogada manifestó que “tocamientos impúdicos” es el delito que se le imputan a expresiones amorosas de parejas en la vía pública. “Estamos hablando de dos adultos o dos menores que con su propio consentimiento están haciéndose tocamientos, este no es el caso es una niña de diez años”, subrayó.
Desde la perspectiva de los demandantes, se está beneficiando al Magistrado Escalante Díaz. “Es increíble cómo Guillermo Domínguez dijo que se habían puesto de acuerdo para cambiar la tipificación, tienen derecho a cambiarla, pero también nosotros tenemos derecho a denunciarlos, y esperamos que la Fiscalía procese a estos Magistrados si es que dentro de la investigación encuentran indicios de prevaricato”.
También mencionaron que irán a la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, para presentar una solicitud de auditoría a la Cámara y de las resoluciones que han emitido, para saber si están apegadas a derecho.
Además presentarán una carta a los Magistrados de Corte Plena del Órgano Legislativo para que inicien una depuración del sistema judicial.
