La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de El Salvador firmaron hoy un acuerdo para avanzar en la conformación, objetivos y competencias de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
El acuerdo, que parte de la base de la Carta de Intención suscrita el 6 de septiembre, con el Presidente Nayib Bukele y del acuerdo rubricado el 20 de septiembre, especifica cuáles son los objetivos de la Comisión, su estructura y miembros, sus competencias y obligaciones, las obligaciones del Gobierno y las líneas de acción de la Comisión, entre otros aspectos.
En esa línea, la CICIES estará definida por el Secretario General de la OEA, y será conformada por comisionado, funcionarios internacionales y nacionales, y contratistas independientes que sean necesarios para el cumplimiento de la instancia. Todos serán contratados en el plano internacional o locales, de acuerdo a normas y procedimientos.
El comisionado será designado por el titular de la OEA y tendrá el visto bueno del Presidente de El Salvador. “Deberá ser jurista con amplia experiencia en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, detalla el documento oficial, agregando que el encargado deberá conocer derechos humanos, penal, electoral y derecho internacional.
Los requisitos también se extienden al personal de la comisión, quienes deberán conocer jurisprudencia electoral y combate a la corrupción. Además serán debidamente identificados con documentos personales. Pero no estarán obligados a entregar la credencial, sino a presentarla a las autoridades que lo requieran.
Entre las competencias de la CICIES, estará el de “acompañar o coadyuvar” a la Fiscalía General de la República (FGR) en las diligencias que se lleven a cabo cuando lo requieran, asimismo trasladar información de la que tuviese conocimiento, “o la documentación que tuviere en su poder a consecuencia del ejercicio de sus funciones”. También podrán notificar faltas administrativas de funcionarios públicos y empleados gubernamentales.
Proporcionará apoyo técnico y colaboración activa en la investigación, y también dará el mismo, al Gobierno en investigaciones no judicializadas.
Además podrán solicitar al Gobierno, la adopción de medidas necesarias para testigos, denunciantes, víctimas o peritos y colaboradores de justicia que necesiten protección.
La CICIES podrá mantener en reserva las actuaciones que considere necesaria para no entorpecer las investigaciones y sus informes serán revelados a un panel de la OEA y Gobierno cada seis meses, no obstante, si El Salvador exige informes extraordinarios deberán presentarlos.
Por su parte, el Ejecutivo garantizará el libre tránsito de los investigadores por el territorio “sin restricción alguna”, además deberán tener “acceso inmediato” a la información que esté en poder de la Presidencia, “sin menoscabo de las restricciones y excepciones establecidas en la ley vigente”.
El Salvador nombrará policías, investigadores y especialistas para el cumplimiento del Acuerdo, además las entidades estatales que investigan delitos, adscritas al ejecutivo deberán crear unidades especiales, incluyendo la PNC.
Además el Presidente de la República debe promover reformas a la Asamblea Legislativa, para que los miembros de la CICIES puedan ser parte de querellas, “con todas las facultades procesales que le corresponden a esta figura”.
La CICIES podrá entablar acercamientos con organizaciones, academia y actores de la sociedad, para fortalecer la “capacidad técnica de incidencia” de actos de corrupción, tomando en cuenta las opiniones que ellos emitan.
Los gastos se sufragarán de contribuciones voluntarias de comunidad internacional, y el Estado otorgará locales para sus oficinas. Y tendrán inmunidad los funcionarios nacionales e internacionales que la integren.
La Secretaría General de la OEA y el gobierno de El Salvador vienen trabajando para el establecimiento de la CICIES desde septiembre de 2019. La comisión ya cuenta con una sede y oficinas en San Salvador y un equipo de personas que se incrementará en los próximos meses.