El Movimiento Cristosal y la Asociación Azul Originario presentaron ante la Sala de Lo Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Penitencia, la cual ha ocasionado impactos en los derechos humanos por las medidas restrictivas, aseguran.
La nueva modalidad restrictiva fue añadida a la ley por medio de reforma en Abril de este año, en las cuales, los Diputados ya no tendrían que llegar a mayoría simple, para emitir decretos temporales de los cierres en cárceles. En ese contexto, Cristosal recogió la versión de los familiares con la fundamentación de la nueva legislación.
La Sala de lo Constitucional señaló en una sentencia de Habeas Curpus, emitida el pasado 18 de Noviembre de 2018, que el hacinamiento carcelario, viola los principales derechos de la persona, y la Dirección General de Centros Penales, debía cambiar la modalidad de medidas disciplinarias de los reos.
Abraham Ábrego de Cristosal dijo que las reformas agravan la situación que otorgan excesiva discrecionalidad a los directores de los centros penales y al regular de manera inadecuada los límites de las visitas familiares.
“Hay una restricción excesiva y prolongada de visitas familiar, y el régimen especial en centros de máxima seguridad, no detalla en la ley, en sí, en qué consiste, lo que da lugar a grandes abusos y arbitrariedades”, aseveró.
“Tenemos casos que hay niños que llevan tres años sin ver a sus familiares, las leyes penitenciarias deben adaptarse a la visita familiares, ya que contradicen derechos a la niñez, en esto se debe buscar formas para realizarlo”, dijo Luis Salazar de Cristosal.
En este sentido se busca que las personas que tengan una condena larga, puedan tener visitas de su familia ya que es un pilar importante en la adaptación, y esto ayudaría a la reinserción de la sociedad cuando estén a punto de cumplir su condena.
