El Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador instaló audiencia de imposición de medidas contra 43 imputados, a quienes la Fiscalía acusa por 45 casos de estafa agravada, falsedad material, falsedad ideológica, agrupaciones ilícitas, acceso indebido a sistemas informáticos, denuncia y acusación calumniosa, cuatro homicidios agravados, conspiración y proposición en el delito de homicidio agravado y lavado de dinero y activos.
Los imputados fueron capturados en sendos allanamientos realizados en San Salvador, desde la noche del 12 al 13 de diciembre pasado.
Entre las capturas hay tres abogados que, según investigaciones de la Fiscalía, se encargaban de proporcionar documentación falsa para poder realizar compra ventas de inmuebles deshabitados, desocupados por víctimas de pandillas; o que sus dueños están en el extranjero, además, de liquidar los carros en arrendamiento con otras personas.
Las víctimas, al consultar en SERTRACEN sobre el estado del vehículo, aparecía todo bajo la normalidad del caso, sin embargo, al tratar de inscribirlo días más tarde, el carro salía con el reporte de alquiler. Dentro de la estructura, también colaboraba un jefe de inteligencia policial desde hace tres años.
Él les comunicaba cómo hacer con las tarjetas de circulación al interior de la corporación.
Dentro del caso se juzga al jefe del Centro Nacional de Registros (CNR), Gerardo Maltez García, el colaborador; Edwin Omarayda Chacón; el pandillero, Rafael Guardado Espinoza y Nilson Sandoval Paz, quien laboró para la entidad antes mencionada. Los tres, según datos, proporcionaban información de la institución para la estructura delincuencial sobre los inmuebles.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) les presentaron el pasado domingo ante el mencionado juzgado, el cual ha instalado la audiencia y se espera que el resultado se sé a conocer hasta mañana. Al cierre de esta nota el personal ya llevaba un total 140 piezas de 200 folios cada una.
