La Comisión Política de la Asamblea Legislativa realizó la segunda jornada de consultas a víctimas del pasado conflicto armado, esto ya que la Sala de los constitucional le ha dado un plazo -por tercera ocasión- hasta el 28 de febrero para que los disputados puedan aprobar dicha ley.
Los legisladores escucharon a víctimas de la «Masacre de Tenango y Guadalupe», una de las matanzas durante la guerra civil salvadoreña, a manos del Batallón Atlacatl, ocurrida entre el 28 de febrero y 1 de marzo de 1983 entre los cantones mencionados en el municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán
Una de los sobrevivientes, Gladis Galdamez, pide justicia y reparación y expuso su testimonio ante los diputados que integran la comisión política.
“Nosotros pedimos justicia, vi cómo los militares mataban con sus manos a muchas personas, quiero reparación por favor señores diputados, en sus manos queda esta ley, desde el 2004 hemos puesto demandas y nadie nos había escuchado”, indicó.
Los diputados manifestaron que aparte de relatar los testimonios también es importante que es lo que esperan las víctimas que se cumpla en la ley.
El diputado Leonardo Bonilla mencionó que la ley debe cumplir los parámetros que dictó la Sala.
“Vamos a esperar el resultado del proyecto que se proponga, yo no voy a votar por un proyecto que no cumpla los parámetros que dicta la Sala de los Constitucional, es importante conocer lo que ustedes esperan”, les expresó a las víctimas.
A esta jornada asistieron fundaciones pro derechos de las víctimas del conflicto armada, quienes han estado acompañando en las diferentes etapas.
La abogada Irene Gómez de Cristosal mencionó algunas de las ilegalidades que contiene la propuesta que fue realizada por la subcomisión política a finales de 2019.
“Hay un principio de transitoriedad el cual es un tipo de transcripción penal, es decir que da un tiempo para que se enjuicien y se juzguen los procesos, por lo cual está violentando los acuerdos internacionales, en otro aspecto es que no se puede dejar a criterio del fiscal la evaluación de los casos, en el caso que llegue, tendrá la discrecionalidad de decir que no es crimen de lesa humanidad y el caso se archivaría”, mencionó la abogada.
Otros aspectos que señalaron, es que la propuesta actual establece crear una dirección en la cual le da criterio para darle seguimiento de programas de reparación de las víctimas. Pero esta función se la delegan completamente al Ejecutivo, y no se cumple el principio de “medidas integrales a nivel estatal” y transgrede el pacto de interinstitucionalidad, que mandató la Sala de lo Constitucional, en la derogación de la ley de amnistía en el año 2016.
En este sentido el presidente de la Asamblea Legislativa que también es parte de la Comisión Política, dijo en su momento, que este es un tema prioritario y esperaba tenerlo antes del plazo brindado por la Sala.
Desde esa fecha, los diputados no han podido cumplir con dos plazos que les impuso la Sala. El primero de ellos venció el 13 de julio de 2018 y ante el incumplimiento del fallo por parte de la Asamblea; el 12 de julio de 2019 la Sala amplió el periodo a cuatro meses más, tiempo que venció el 13 de noviembre.
La Sala anunció en diciembre 2019, que dará hasta el 28 de febrero de 2020 para que los legisladores aprueben una nueva ley.
