El Juzgado 2° de Paz de San Salvador realiza este viernes la audiencia inicial contra el alcalde capitalino Ernesto Muyshondt, al ex ministro de justicia y seguridad pública Benito Lara, al ex ministro de gobernación Arístides Valencia, por caso negociaciones con pandillas.
La Fiscalía General de la República (FGR) también vincula a Wilson Alvarado Alemán, dirigente de la organización Grupo Nahuatl como principal enlace del Gobierno y partidos con las pandillas; y al columnista Arn Richard Lüers, conocido como Paolo Lüers, quien fungía como vocero entre los grupos delincuenciales y el partido ARENA.
Todos son acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Ernesto Muyshondt dijo a los medios de comunicación que se encuentra conforme con el inicio del proceso. “Se conocerá la verdad y se demostrará mi inocencia”. Reiteró que está dispuesto a colaborar para esclarecer la verdad.
Raúl Mijango quien guarda prisión en otro proceso, envió a su representante a la audiencia.
Según el ministerio público, 13 reuniones concretaron los acusados antes de las elecciones presidenciales del 2014; en estas hubo pagos a cambio de los votos de las pandillas y sus familias.
El Fiscal Julio Batarsé indicó que otras entregas se hicieron en el año 2015, en los comicios de Alcaldes y Diputados.
“Contamos con prueba testimonial (…) dos testigos criteriados, que estuvieron en las negociaciones con los agentes políticos y mediadores de las mismas (…) extracción de dispositivos electrónicos proporcionados por personas que estuvieron en las reuniones (…) intervenciones de llamadas telefónicas”, explicó.
Durante el desarrollo de la diligencia, la FGR expuso que el partido de izquierda entregó $433,000 dólares antes de la primera contienda electoral; tras el balotaje, se entregaron $10,000 más “en concepto de bono”.
ARENA, por su parte entregó $138,000 a la estructura tras la victoria en la asamblea y municipalidades, de los comicios 2015; ese dinero era canalizado por Paolo Lüers y Raúl Mijango y repartido a las dos pandillas.
La fiscal del caso, matizó que esa inyección de fondos, robusteció a la MS y la Pandilla 18, lo que los hizo acreedores a invertir en empresas, armas y drogas.
Además, los cabecillas de las pandillas se beneficiaron con un sueldo mensual de $400 como empleados del gobierno, aun cuando estaban detenidos, dijo una fiscal.
El FMLN les dio salario y comida de Alba a los presos
La fiscal también reveló que los cabecillas de las dos pandillas, les dijeron a Arístides Valencia y a Benito Lara que “detestaban” la comida que se servía en penales, por lo que pidieron “hacer algo”.
La solución provino de otros dos dirigentes del FMLN: José Luis Merino y Medardo González. Quienes acordaron desprender del contrato alimenticio a la empresa Alimentos Prácticos (ALIPRAC), y suscribir otro con Alba Alimentos, otrora empresa del conglomerado Alba Petróleos de El Salvador, ligada al FMLN.
Los hechos, según relató la parte acusatoria, datan entre octubre y noviembre de 2013.
Esa empresa, ya instalada, daría empleo a los presidiarios, incluso a los cabecillas, con un salario de $400.00 dólares mensuales.
Esas no fueron las únicas peticiones que el partido en aquel entonces acordó: También ofreció colocar brazaletes electrónicos a pandillas, destitución de funcionarios de seguridad como Ricardo Perdomo; la salida del ejército de las calles y sumas de dinero por el orden de los $100,000 dólares en los denominados “municipios santuarios”.
