Roberto Rivera Ocampo del Partido VAMOS, acudió al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para interponer un recurso de apelación contra la Alcaldía de San Salvador, con respecto a un proyecto de videovigilancia que ejecutará la comuna.
El 19 de febrero Rivera Ocampo pidió a la municipalidad, el contrato de servicio, el acuerdo municipal para contratar ese servicio; la ordenanza municipal donde se establece la tasa a cobrar –que es del 4%-; el expediente de la licitación para otorgar el servicio de videovigilancia y las empresas que participaron en la licitación.
Sin embargo, la alcaldía capitalina informó que la información pasó “a reserva”, según lo norma el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (IAIP), por supuestamente perjudicar la “seguridad pública por contener información delicada en relación a rutas de conexión de fibra óptica […] información de alta sensibilidad para el funcionamiento del proyecto y de caer en manos equivocadas puede caer en efectos adversos”.
“Para efectos de contraloría social, que es lo que nosotros queremos hacer, los detalles técnicos son irrelevantes, queremos conocer los detalles legales, financieros y administrativos de toda la licitación”, afirmó Rivera Ocampo.
Acerca de las tasas municipales, la alcaldía informó que no hay ordenanza que regule el servicio “porque se encuentra en fase de diseño”.
Además, no fueron contestadas la solicitud de expediente de licitación, las empresas que participan ni tampoco el acuerdo municipal para adquirir el servicio, que le costará a los capitalinos $84 millones para 15 años.
“Creo que la Alcaldía va a querer que vayamos audiencia para resolver esto”, advirtió Ocampo. Y agregó que solicita al IAIP que haga que la autónoma entregue la información.
El IAIP contestará si procede o no el trámite y convocará a una audiencia oral para exponer los argumentos. Para definir si la información puede ser pública o reservada.
Una investigación de un medio escrito reveló la relación de la empresa SeguriTech Integral Security, con la gestión del ex Alcalde Nayib Bukele (2012-2015) en la licitación que de la actual gestión del edil Ernesto Muyshondt, al principio esta demandó a la municipalidad y posteriormente se retomó el contrato.
“El proceso de licitación no ha estado exento de cuestionamientos, esta empresa pagó un vuelo a un alto funcionario del Gobierno; lo que abre a varias preguntas como la finalidad o sobre los montos tan alto, que al final vamos a terminar pagando por medio de una tasa”, cuestionó.
