La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, logró emitir dictamen favorable y autorizar al Gobierno la suscripción de un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $109 millones para financiar el Plan de Control Territorial en su Fase III.
Los diputados de ARENA sugirieron que en la plenaria de este jueves, se determine la reorientación de 18 millones, destinados a la compra de helicópteros y cámaras de video vigilancia, y puedan ser utilizados para adquirir uniformes y más patrullas policiales.
Los ahorros, según el tricolor Carlos Reyes, se efectuará a compras de zapatos, drones, cascos y prescindir de otros insumos y reinvertirlos en 46,000 uniformes, 30,000 pares de botas, 11,980 chalecos antibalas y 540 patrullas.
“Dicen que se puede duplicar la compra de vehículos. De no comprarse el buque o helicóptero, externan que se compren más botas, así como duplicar la compra de cascos para la Policía Nacional Civil”, precisó el presidente de la comisión, Guadalupe Vásquez (GANA). Añadió que ese punto puede discutirse en la fase de ratificación del empréstito.
“Pueden dejarse algunas especificaciones fuera del decreto del contrato para que en la próxima ronda se pueda cambiar el rubro, y la cantidad que pueda tenerse de reducción; es oportuno hacer eso, porque así dejamos claro que el contrato entre el BCIE y el Gobierno central, a través del ministro de Hacienda, no se puede modificar, pero sí se pueden dejar algunas observaciones para cuando venga a ratificarse”, expuso.
El diputado del PDC, Rodolfo Parker, propuso eliminar la compra del buque para el ejército, y en su lugar adquirir lanchas rápidas. “No tiene lógica o alguna relación la velocidad de las lanchas rápidas que hacen narcotráfico con los nudos o velocidad que hace un buque”, contrató.
La votación del dictamen fue acompañada por los diputados de ARENA, GANA, PCN y PDC.
La diputada Yanci Urbina (FMLN), por su parte, argumentó algunas de las razones por las cuales la bancada no respaldó la moción es porque “podría poner en riesgo” la intimidad y privacidad de los ciudadanos, que las cámaras de video vigilancia se pongan en manos de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), siendo dos instituciones controladas por el Ejecutivo.
Además, sostuvo que hay duplicidad de funciones, porque la mayor parte de las cámaras que se van a invertir con el crédito, ya se están implementando por parte de la Alcaldía de San Salvador.
“[…] un sistema que todavía no tiene regulación en términos de legislación, este fue uno de los planteamientos importantes que nos hizo la UCA. Siguen siendo observados aquellos componentes que solamente entre helicópteros y estimaciones de buques resultan $37 millones, más los $26 millones del sistema de videovigilancia, el resto es gasto corriente”, explicó.
En el decreto que se podría aprobar en pleno, los parlamentarios consideraron realizar algunas observaciones y sugerencias al Ejecutivo, como dejar establecido un marco legal regulatorio para el uso de drones, garantías institucionales en cuanto a la operatividad de cámaras de videovigilancia; y que se cumpla la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), para sacar a concurso público la empresa que proveerá el equipo.
Según la iniciativa que fue presentada a la comisión el 6 de noviembre, la distribución de los fondos sería de la siguiente manera: $25.9 millones para equipo e infraestructura de videovigilancia, $46.9 millones destinados a movilidad estratégica, $17.4 millones para adquisición de equipo táctico, $15.5 millones para modernización hospitalaria para personal de seguridad, y $3.3 millones para administración, supervisión y auditoría, imprevistos y comisión del BCIE.
