Juez de Vigilancia Penitenciaria de San Vicente citó a representantes del Gobierno para justificar emergencia máxima

El Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Vicente, quien conoce los procesos en el Centro Penitenciario de Seguridad de Zacatecoluca, instaló una audiencia especial de receptación de prueba ante la emergencia máxima decretada en esta cárcel.

La audiencia se desarrolló con representantes de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), del Ministerio de Salud (MINSAL), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Policía Nacional Civil (PNC) y un auxiliar de la Fiscalía General de la República (FGR).

El objetivo de esta diligencia fue que Centros Penales entregara evidencias de Inteligencia Penitenciaria que indican que las órdenes del alza de homicidios provenía de pandilleros privados de libertad, razón por la que a petición de la DGCP se decretó reserva total en el caso y la prensa no tendrá acceso, pues los temas a tratar son de seguridad nacional y su divulgación podría afectar las investigaciones.

Así también, el juez solicitó información sobre las políticas penitenciarias frente a la pandemia de COVID-19, el asesor de salud del MINSAL, Wilfredo Alfaro, aseguró que en los centros penitenciarios no se registra ningún contagio del virus, para lo que se pidió pruebas que lo aseguraran.

El Director de Centros Penales, Osiris Luna, ha afirmado que se cumplen medidas sanitarias en las cárceles y existen protocolos sanitarios para dar respuesta a un posible contagio.

Por otra parte, en esta audiencia se trataría sobre el «nuevo régimen penitenciario para frenar el alza de homicidios» que fue instalado por el Gobierno, en el que se hubo transferencia de reos a otras cárceles, se mezclaron diferentes pandillas y se sellaron celdas, debido a que los informes de Inteligencia Penitenciaria señalaron que estos se comunicaban a través de señas y ya no con manuscritos. Las órdenes salían por medio de los reos que se vencía su periodo de detención provisional.

Sin embargo, bajo la normativa penitenciaria, los directores de centros penales deben informar a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria para ratificar, modificar o revocar la emergencia. También se debe informar a la FGR y a la PDDH.