El Salvador debe adoptar medidas que garanticen “la vida, salud, integridad y dignidad de las personas privadas de libertad”, según el último pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El organismo instó a Ejecutivo garantizar estos principios a los reclusos en el marco del estado de emergencia que fue decretado por el Presidente Nayib Bukele, por el aumento de homicidios desde el 24 de abril pasado. Y que ha dejado a la fecha más de 88 muertes violentas.
Entre las medidas a adoptar destacan el encierro absoluto de 24 horas al día, el aislamiento solitario aplicado a los dirigentes de las organizaciones criminales, el cese de toda comunicación de las personas detenidas con sus familiares y la suspensión de cualquier actividad.
Estas medidas fueron ordenadas para hacerse efectivas por un tiempo indefinido, según informó El Salvador por medio de correspondencia a la CIDH.
En este sentido, la CIDH advierte –con base a videos de las cárceles- que el personal de custodia “mantiene a las personas en ropa interior y sin zapatos, así como amontonadas las unas con las otras. Además, dichas personas serían sujetas a requisas invasivas por parte del personal carcelario. Si bien la Comisión toma nota que el Estado salvadoreño rechaza la calificación de estos tratos como inhumanos y degradantes, de conformidad con los estándares internacionales en la materia, dichos videos dan cuenta de actos contrarios a la dignidad humana”, reza el comunicado.
Para la comisión los videos donde las pandillas son trasladadas a regímenes más estrictos “dan cuenta de tratos inhumanos y degradantes a los que son sometidas las personas privadas de libertad en el marco de los respectivos operativos de traslado”.
Las medidas en referencia habrían sido implementadas de manera inmediata por parte del Viceministro de Justicia y Director General de Centros Penales de El Salvador. En particular, mediante la cuenta del Twitter del Viceministro de Justicia, se informó que los internos que integraban diferentes pandillas pasarían a compartir las mismas celdas. Ello, en las cárceles de Complejo Penitenciario de Izalco, Máxima de Zacatecoluca, Ciudad Barrios, San Francisco Gotera, y Quezaltepeque.
En ese sentido la CIDH ha manifestado la condena respecto de estas medidas de manera pública y reiterada. “Así, en las observaciones preliminares emitidas a partir de su visita in loco realizada al país entre el 2 y 4 de diciembre de 2019, la CIDH expresó que si bien entendía que es responsabilidad del Estado prevenir y combatir la criminalidad, la vigencia permanente de las llamadas medidas extraordinarias es de especial preocupación, considerando que resultan en graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, tales como aislamiento prolongado e indefinido bajo condiciones inhumanas, afectaciones a la salud, suspensión del régimen de visitas, y obstáculos para garantizar un debido proceso. En este mismo sentido, en las conclusiones y observaciones sobre la visita a El Salvador del 20 al 22 de noviembre de 2017, la Comisión manifestó su preocupación por la vigencia de este tipo de medidas con temporalidad indefinida, por sus consecuentes afectaciones a los derechos de las personas privadas de libertad”.
Asimismo, la CIDH consideró que el tener a integrantes de diferentes organizaciones criminales en los mismos espacios puede derivar en enfrentamientos o motines que resultarían en que personas detenidas pierdan su vida o resulten heridas.
El organismo instó al Estado salvadoreño el “deber ineludible de adoptar medidas concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida, salud e integridad de las personas privadas de libertad”.
