Con 63 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa ratificaron el decreto 630 de la Ley especial de reconocimiento a los profesionales y trabajadores de la salud ante la pandemia del COVID-19, pues fue vetada por la Presidencia de la República al considerarlo inconstitucional.
Luego de esta superación al veto, este será enviado al Presidente Nayib Bukele y considerará si debe ser sancionado o enviado a la Corte Suprema de Justicia para derimir si la disposición es constitucional y debe entrar el vigencia, para lo que tendrá 15 días para resolver.
El presente decreto obliga al Gobierno a brindar los equipos de protección adecuados al personal médico para desarrollar sus funciones sin que puedan estar expuestos al contagio de COVID-19; los insumos deberán ser los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según sea el grado de atención y nivel de riesgo.
Además, el Ejecutivo deberá capacitar a los profesionales de la salud sobre el manejo de pacientes de COVID-19.
Por otra parte, esta disposición legal establece que si entre los empleados de salud que atienden a pacientes positivos, sean cónyuges o compañeros de vida que tengan hijos menores de edad, uno de ellos podrá quedarse en su residencia al cuidado de los hijos siempre con goce de sueldo completo mientras dure la emergencia. Conforme a esto se verificará la especialidad del médico y el menos indispensable se encargará del cuido.
Así también, en caso que fallezca un trabajador de la salud, a través del Ministerio de Salud se otorgará una pensión vitalicia a la familia directa equivalente al último salario devengado por el fallecido, esta pensión será efectiva hasta que el último de los hijos alcance mayoría de edad.
Para las madres solteras que laboren en el ramo de salud se atribuirá un incentivo salarial adicional al 20% de su salario mes a mes mientras dure la emergencia, esto aparte de otros incentivos del Estado.
Este decreto contempla sanciones en caso que funcionarios o agentes de autoridad pública se nieguen los beneficios antes mencionados y serán acreedores de multas entre 3,000 a 6,000 dólares.
La diputada Rina Araujo del FMLN, señaló que al superar el veto se contribuye “a dignificar la labor que está haciendo el personal de salud. Se fundamentaba en que las personas en línea de acción del COVID-19 reciban no solamente medidas de bio-seguridad o seguro médico, sino algo que es preocupante y es aquello donde dos compañeros, enfermero, médico o laboratorista sean compañeros de vida y uno de ellos por la contaminación del COVID se desencadene en un fallecimiento, el sobreviviente recibiera una pensión vitalicia, y eso lo consideraron inconstituciona
