Corte de Cuentas no ha recibido toda la información sobre aspectos auditados en Emergencia, según informe

La Presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Carmen Elena Rivas, explicó en una entrevista en un medio de comunicación sobre el proceso de fiscalización al uso del fondo público por parte del Gobierno para atender la emergencia de COVID-19.

Dicha institución entregó un informe a la Asamblea Legislativa sobre los resultados y limitantes que han tenido por parte del Ejecutivo para realizar auditorías.

Rivas expresó que la entrega de la información no ha sido fluida.

De acuerdo con el informe firmado por la Presidenta del CCR, hasta el momento, les han reportado un gasto de $386,903,995; las auditorías aún no han finalizado, este día, el Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, confirmó que el gasto que registran en el marco de la emergencia es de $513 millones; es decir, hay un margen de cerca de 120 millones que aún no han sido reportados.

Según la Corte de Cuentas, la falta de entrega de información por el Ejecutivo ha generado limitaciones en las audotorías al hospital de especialidades que está siendo construido en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), el cual está valorado en $70 millones; obra que Rivas solicitó considerar su continuación debido a su uso.

De este, solo se han auditado tres paquetes del proyecto en CIFCO y uno más del Ministerio de Obras Públicas (MOP), donde se detallan más de $13 millones.

Asimismo, se destaca que las autoridades gubernamentales no han presentado un control absoluto en las donaciones nacionales e internacionales, pues muchas son entregadas directamente a los centros de cuarentena o albergues sin que sea recopilada o centralizada por el Gobierno.

También, en la entrega del subsidio de $300 a las familias afectadas por las medidas de restricción por el COVID-19, la CCR ha establecido que sobre 100 mil personas, se desconoce el proceso de selección, lo que representa $30 millones entregados. Este le corresponde al Ministerio de Economía.

Dentro de la Emergencia, la Asamblea Legislativa y la Unidad Normativa Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC) establecieron unos lineamientos para los procesos de compra, procesos que son auditados.

«Los decretos de emergencia lo que han establecido es, que la administración puede realizar todos los procesos de compra a través de esta contratación directa, sin importar los montos que se vayan a gastar. En ese sentido los lineamientos UNAC lo que han hecho es reducir, facilitar y agilizar los requisitos que de alguna manera ya establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración. Pública (LACAP)», expuso Rivas.

Además, manifestó que «en este caso, el decreto legislativo (Estado de Emergencia que sige en vigencia) abrió la puerta para que se puedan utilizar las notificaciones por medio de cualquier medio electrónico, hacer contratación directa, hacer pagos anticipados e incluso obviar entrega de garantías».