En las fases de retorno de actividades económicas acordadas en la Ley especial transitoria de atención integral a la vida y la salud, declaratoria de emergencia en relación a la pandemia por COVID-19 y de reapertura de la economía entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa, se contemplaba la circulación del transporte colectivo desde la fase 1; sin embargo no se habían planteado las medidas sanitarias.
En este punto solo se había tratado el saneamiento de las unidades, la portación de mascarillas de los empleados y usuarios, así como la disposición de alcohol gel.
En el tercer día de reunión, los representantes de Gobierno solicitaron mover la apertura del servicio de transporte colectivo hasta la fase 2; es decir, cerca de un mes después de la vigencia del decreto.
Por su parte, el Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro, manifestó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha declarado que Latinoamérica es ahora el foco de infección del COVID-19, razón por la que «no podemos confiarnos».
Además, estableció que si se da apertura al transporte público podría haber contagios masivos, pues es uno de los principales lugares de infección, lo que fue respaldado por el Ministro de Salud, Francisco Alabí.
«Las imágenes son claras, el transporte público es el peldaño anterior de la capacidad de infección en un hospital. No es congruente (que) en la primera fase lo primero que se aperture sea el transporte público», expresó Alabí.
Por otra parte, los diputados aseguraron que la suspensión del transporte no puede continuar por mayor tiempo debido a que las actividades económicas se irán abriendo, por lo que las personas deben movilizarse.
De forma que los legisladores propusieron que en la primera fase solo funcionara el transporte en el 30% de sus unidades y con el 50% de su capacidad.
Ante esto, no se logró acuerdo entre ambos Órganos de Estado, por lo que este artículo 35 de la ley pasó al congelador para ser tratado con posterioridad.
