Mientras que el Gobierno expresa que presentar la documentación de gastos a la Corte de Cuentas de la República (CCR) es suficiente, los diputados de la Asamblea Legislativa aseguran que para una mejor rendición de cuentas, se entregue un informe mensual al Congreso que detalle la ejecución de fondos para atender la pandemia.
El Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, expuso que la problemática no es la presentación de informes, pues asegura que la información que ha sido requerida por el Congreso ha sido entregada; sino que radica en que este Órgano de Estado no es el ente fiscalizador.
Sin embargo, los legisladores hicieron referencia al resultado de las auditorías de la Corte de Cuentas, en el que se expresa que hay información que no ha sido facilitada por el Ejecutivo, sobre todo la relativa al Hospital en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), y sobre cierta cantidad de beneficiarios del subsidio de $300 de los que no se conoce su proceso de selección ni los parámetros utilizados.
«Revisen el texto, pero no es con mala intención, lo único que los diputados quieren es que demuestren que están haciendo bien el uso de fondos», manifestó el presidente del Parlamento, Mario Ponce.
En la propuesta de ley del Gobierno el artículo sobre el contrataciones y auditoría establece que «Todas las contrataciones en el marco de la pandemia se hará bajo los principios de la Ley de Acceso a la Información Pública: principio de máxima publicidad, disponibilidad, prontitud, integridad, igualdad, sencillez, gratuidad y rendición de cuentas».
Y como segundo inciso agrega que «La Corte de Cuentas de la República, tendrá acceso irrestricto a toda la información relacionada con los actos y contratos vinculados a la pandemia, debiendo serle proporcionada por las distintas unidades administrativas dentro de un plazo de cinco días de requerida la misma. El titular o presidente respectivos serán responsables administrativa, patrimonial y penalmente, en caso de incumplimiento».
Por lo tanto, aseguran que esta es la forma en la que debería quedar establecida la fiscalización de gastos y contrataciones.
Por otra parte, en la ley aprobada por la Asamblea, se afirma que el Ejecutivo, tanto secretarías como instituciones autónomas, deberán presentar cada mes al Congreso un informe de fondos utilizados sin importar su fuente de financiamiento mientras dure la pandemia.
En este se debe detallar los proceso de adquisición y contratación de bienes, obras y servicios; donde se dará a conocer las personas naturales o jurídicas que ofertaron, montos de ofertas, persona adjudicada y monto, así como las órdenes de compra o contratos suscritos.
«Dicho informe deberá contener al menos: detalle de bienes o servicios adquiridos, empresas proveedoras, precios unitarios, fecha, cantidades, marcas y especificaciones de productos, contratista», relata el documento propuesto.
Y añade que en ese mismo plazo, se deberá presentar una liquidación de los fondos que fueron utilizados durante toda la emergencia y la vigencia del decreto, «La Asamblea Legislativa podrá convocar al funcionario competente a que dicho informe sea ampliado ante el pleno de la misma».
