Alcalde capitalino presenta recurso de inconstitucionalidad contra Decreto que avala la asignación de recursos desproporcionados

El Alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt acudió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)  a presentar un recurso, ante la negativa de la Asamblea de corregir la asignación de un fondo de $116 millones, asignados a las 262 municipalidades para atender la emergencia por el coronavirus y las lluvias.

De acuerdo al edil, el Inciso 2º del Artículo 11 del Decreto Legislativo 608, vulnera el Artículo 226 de la Constitución, en lo que se refiere al principio de equilibrio presupuestario.

Según denunció Muyshondt, actualmente ese decreto autoriza la distribución de recursos con base a criterios del Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES).

Es decir, beneficia a los municipios rurales y con menor actividad económica; que contrasta con la falta de fondos de las Alcaldías que sí han tenido afectación directa por la pandemia y la situación climática.

“Hablamos de $600 millones de dólares para que las Alcaldías les hagan frente a la emergencia de forma injusta. San Salvador tiene el 9% de la población, 35% de la actividad económica, 20% de los contagiados, más de la mitad de fallecidos por COVID, y la mitad de los fallecidos por la tormenta y le estarían asignando 1.47%, es decir, $15,00 por habitante, mientras que otros municipios que tienen pocas o nulas afectaciones, le están asignando hasta $700.00 por habitante”, explicó Muyshondt.

“El criterio FODES cumple su propósito, pero el censo de pobreza que ocupa es del 1992, y el censo poblacional que ocupa es del 2007, la población de San Salvador ha crecido dos veces desde 2007 para acá, y hay municipios donde ha bajado la población”, añadió.

El domingo pasado, los Diputados aprobaron un crédito de 389 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el cual 116.7 millones van destinados a las municipalidades para afrontar las dos emergencias. No obstante, la Comisión de Hacienda, al elaborar el decreto de préstamo de 1,000 millones, del que se desprende el empréstito del FMI, fue consultado a COMURES; esta gremial estuvo de acuerdo que el criterio de distribución se hiciera con esta variable.