Con 73 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial de Donación y Trasplante de Órganos, Tejido y Células, luego de estar en estudio por cerca de un año en la Comisión de Salud.
La propuesta de ley fue presentada por el Ministerio de Salud (MINSAL) el 3 de diciembre de 2018.
Sin embargo, el actual Gobierno envió el viernes pasado una propuesta de ley que contiene un articulado similiar con sanciones mayores.
Algunos legisladores tildaron esta propuesta del Ejecutivo como una forma de no querer aprobar el decreto legislativo, cuyo dictamen fue anunciado cuatro días antes que estos la hicieran llegar al Parlamento.
Por lo tanto, pidieron a la Presidencia de la República no vetar esta ley.
Esta normativa regulará las actividades referentes a la promoción, donación, extracción, preparación, disposición, distribución y trasplante de células hematopoyéticas y troncales obtenidas de médula ósea, tejidos y órganos del cuerpo humano con fines terapéuticos.
Esta no contempla la donación de sangre, semen y ovarios.
En este proceso, el donante, su cónyuge o conviviente, sus parientes o representantes legales no podrán percibir gratificación alguna de cualquier tipo.
Asimismo, la persona puede revocar su decisión de donación en cualquier momento y no deberá de ser condicionado o forzado, ni se permitirá la comercialización o retribución para ser donante. Las mujeres embarazadas y menores de edad no pueden ser donantes.
Bajo esta herramienta legal, se creará el Centro Nacional de Trasplante (CENTRA), que tendrá carácter autónomo en lo técnico y administrativo con la misión de la coordinación Nacional de Donación y Trasplante, en instituciones públicas y privadas que presten el servicio de salud y que se dediquen a actividades relacionadas a trasplantes o la donación de células, tejidos y órganos.
Así también, contempla una Lista de Espera Única Nacional, que se definirá como el registro de datos de los pacientes aptos, preparados y listos para recibir un trasplante que tengan el estado activo, inscritos por los establecimientos de salud autorizados.
Esta no será aplicada inmediatamente, pues previo a esto, el Ministerio de Salud (MINSAL) deberá desarrollar una política de implementación, para la que tendrá un plazo de ocho meses.
