La Audiencia Nacional española inicia este lunes el juicio contra el coronel salvadoreño y ex Viceministro de Seguridad Pública (1989-1992) Inocente Montano, para quien la fiscalía pide 150 años de cárcel por su supuesta participación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en 1989 al interior de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
El juicio se prevé alargar durante diez sesiones hasta el próximo 16 de junio.
Este tribunal inició una investigación en 2009 contra los militares supuestamente implicados en base al principio de justicia universal que revista en los delitos de lesa humanidad, los cuales no prescriben.
Montano será el primero de los presuntos implicados juzgados, después de que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador rechazara entregar a los militares que se encontraban aún en el país.
La fiscalía pide para el castrense 150 años de cárcel por cinco «asesinatos terroristas»: Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana, Juan Ramón Moreno Pardo, además de Ignacio Ellacuria, rector de la UCA en aquel entonces.
También asesinaron junto a ellos a los salvadoreños Joaquín López (sacerdote), la empleada doméstica de la Universidad Julia Elba y su hija menor Celina Mariceth Ramos.
Por los crímenes, también será juzgado el teniente René Yusshy Mendoza, miembro del ahora proscrito batallón Atlacatl que ejecutó los asesinatos y que se encontraba radicado en Chile.
En su caso, el ministerio público solicita cinco años de cárcel al entender que debía obediencia a sus superiores y valorar la colaboración con la justicia. Mendoza enfrenta una pena de un año por cada uno de los cinco asesinatos, al aplicarle la eximente incompleta de miedo insuperable y dos atenuantes por confesión y por haberse ofrecido a reparar el daño.
Según el escrito de la fiscalía, «participaron en la decisión, diseño o ejecución del asesinato del 16 de noviembre de 1989» y «constituyeron dentro del Estado de El Salvador una estructura paralela, al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública, provocando un estado de terror en la población».
A Montano lo acusan de «dar la orden directa de asesinar a los jesuitas» que, especialmente en el caso de Ellacuria, había jugado de intermediario entre el gobierno y la entonces guerrilla del FMLN para iniciar conversaciones de paz.
«Era el único intermediario que hablaba con todas las partes y actuaba de puente entre el presidente (Alfredo) Cristiani y los rebeldes», lo que lo convirtió en «objetivo de los militantes de la extrema derecha», que culpaban a la Iglesia de formar parte «de una conspiración comunista internacional», destacan fragmentos del documento judicial.
En este contexto, el 15 de noviembre, «el Alto Mando y otros líderes militares veteranos, la mayoría de los cuales pertenecían a la Tandona (una asociación de 20 oficiales que ocupaban las posiciones claves del ejército y del gobierno), decidieron proceder con las ejecuciones de los jesuitas».
La fiscalía identifica al coronel retirado como partidario de “la guerra total” contra el FMLN, lo que «significaba la eliminación de los enemigos reales o potenciales y (…) destruir cualquier tipo de resistencia posible», incluso los llamados al diálogo de los jesuitas.
Trasladado en 2002 a Estados Unidos, Montano estuvo dos años encarcelado en ese país antes de ser extraditado a España a finales de 2017, donde lleva desde entonces en prisión preventiva.
El Salvador puso fin a la guerra civil en 1992 con un acuerdo de paz mediado por la ONU entre el gobierno y la entonces guerrilla del Frente, tras 12 años de un conflicto que dejó más de 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos.
