El excoronel salvadoreño Inocente Orlando Montano, no dio la orden de matar a los cinco sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en 1989, ha asegurado este miércoles ante la Audiencia Nacional Española en Madrid.
Tras una solicitud de la Fiscalía para interrogar al castrense, ésta fue denegada, por lo que cuando su defensa comenzó la interpelación, este fue categórico en responder que «no tenía nada personal» contra el religioso Ignacio Ellacuría (en ese entonces Rector de la UCA) y que «no hubo nunca pretensiones de hacerle daño» a él o a la Iglesia o a la Universidad.
De igual forma Montano se desligó de una reunión en la que supuestamente se ordenó el asesinato de los sacerdotes y que tampoco trató de encubrir los crímenes; afirmó que fue él quien le aconsejó al ex presidente Alfredo Critiani que la investigación «se condujera con la ayuda internacional», por las sospechas de que el crimen lo había cometido el FMLN, el bando guerrillero.
“Ellacuría era una de las personas más allegadas al presidente y le ayudó mucho en la consecución de los acuerdos de paz», indicó, porque le asesoraba en los acuerdos de paz con el FMLN, pues «tenía influencia».
«No sólo asesoraba al presidente, sino a la cúpula del FMLN. Se reunió con los terroristas», añadió.
Para sostener su alegato, el excoronel recordó que la comisión de la verdad que se formó para esclarecer los crímenes nunca le citó a declarar, ya que «el delito lo habían cometido soldados y no policías», que eran los que dependían de él orgánicamente como Viceministro de Seguridad Pública. Un cargo que, aunque dependía del Ministerio de Defensa no tenía a sus órdenes a fuerzas militares, sino a los cuerpos policiales.
Lo único que reconoció el ya septuagenario -en prisión provisional desde su entrega a España en 2017- es su participación en la reunión clave del 15 de noviembre con la plana mayor del Ejércico y Cristiani en la que supuestamente se dio la orden de asesinar a los jesuitas, aunque él negó este miércoles que se hablara de ello.
Allí se reunieron «para informar a Cristiani de lo delicada que estaba la situación», con informaciones de que los guerrilleros estaban infiltrados ya en San Salvador y se disponían a atacar, pese a lo cual «el alto mando no se atrevía a atacar al FMLN porque iba a ser una matanza terrible y significaba mucho daños colaterales», por el temor a derribar las conversaciones en las vísperas de un Acuerdo de Paz.
De hecho, fue tajante al decir que «en absoluto» tenía nada en contra de Ellacuría, aunque luego se dirigió contra él al manifestar que «el golpe de estado contra el general Romero en 1979 fue producto de la influencia de Ellacuría» y que este «aparece en fotos entrenando a niños de 10 o 12 años a manejar el AK47».
Pero, una y otra vez, Montano negó que se le viera como un objetivo militar. Lo que ocurrió fue que en los días previos a la matanza les llegaron informaciones de que la guerrilla introdujo armamento en la UCA a modo de almacén, y por ese motivo enviaron a soldados del Batallón Atlácatl, supuesto ejecutor del crimen, a practicar un registro acompañados de la Inteligencia del Estado.
Dicho registro fue ordenado por el entonces jefe del Estado Mayor, René Emilio Ponce, que se lo encomendó al coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de cárcel en 1992, amnistiado en 1993 y capturado nuevamente en 2016 para cumplir la pena de prisión.
«Le dieron la orden a Benavides de que mandara gente a investigar y contrarrestara cualquier amenaza, esa fue la situación», señaló, no sin antes desmentir las palabras del coronel que le acusó de estar en el grupo decisorio de los asesinatos. «No sé de donde surgió ese comentario», aseveró.
Montano es el único acusado en el juicio de la Audiencia Nacional española, después que el tribunal eximió esta semana como acusado al Teniente René Yusshy Mendoza, que durante la investigación confesó su participación, asistirá al juicio en calidad de testigo el 8 de julio; fecha prevista para continuar con el juicio.
