La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), le dio trámite a la controversia generada entre la Asamblea Legislativa y la Presidencia con respecto al Decreto Legislativo 632, que contiene la Ley Especial para Proteger los Derechos de las Personas durante el Estado de Emergencia decretado por la Pandemia COVID-19.
Los legisladores superaron el veto presidencial en primera vuelta no obstante, el mandatario lo remitió a la Sala argumentando que la iniciativa vulneraba los artículos 2, 65 y 246 de la Constitución de la República.
Y es que la normativa prohibía las retenciones a personas que incumplían la cuarentena domiciliar y en su lugar, se les imponía multas de hasta $300 o trabajos de utilidad pública.
A consideración del mandatario, la ley pretende “yuxtaponer por encima de la normativa válida y vigente”; que ya el Gobierno tiene facultado en el Código de Salud, la normativa policial y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Por lo que establecería una doble regulación de competencias y generaría confusión para impartir sanciones por parte de las instituciones o juzgados que están en obligación de hacer cumplir la ley.


El decreto también infringiría el derecho a la salud, previsto en el artículo 65 de carta magna. Porque «carece de medidas preventivas» que satisfagan las exigencias derivadas de la obligación a conservar, dar asistencia y vigilar la salud de la población.



















