Tres propuestas serán unidas para formar un decreto de régimen de excepción focalizado y protocolos sanitarios

Los diputados de la Comisión Política discutieron le elementos que formarán parte del decreto que responderá a la petición del Régimen de Excepción del Gobierno para enfrentar la propagación de contagios de COVID-19.

De acuerdo con lo legisladores, se deberán realizar medidas focalizadas en los municipios y zonas más afectadas por el virus, luego que fuera parte de las recomendaciones de los médicos, juristas y académicos en la reunión de dos días de estudio.

El dictamen deberá contener suspensión de garantías, cuarentena y medidas sanitarias, según el presidente del Congreso, Mario Ponce; pero estos serán en áreas determinadas, no nacionales.

Una de las propuestas fue realizada por el equipo técnico de la Asamblea Legislativa en relación a los insumos por los profesionales, donde establecieron que no se limitarían garantías constitucionales, sino se aplicarán normas de contenido sanitario apegadas al Código de Salud y lineamientos de promotores de salud.

Por otra parte, la propuesta de ARENA destacó que este decreto deberá ser aprobado por 56 votos como un régimen de excepción, sin embargo, «no es un régimen como lo conocemos», dijo el diputado René Portillo Cuadra.

Esta contempla medidas que podrán ser aplicadas en todo el territorio, pero las medidas sanitarias y de contención solo serán para los 60 municipios más afectados, pueden ser discutida la cantidad en concreto.

Dentro de este se contempla como eje la limitación del tránsito de vehículos, el cual será correlativo a los números par o impar del Documento Único de Identidad (DUI), esto también se aplicará para la compra de bienes y servivios, mas no para alimentos y medicinas. La limitación vehicular solo es para particulares.

Además, se fijan jornadas laborales de cuatro días con nueve horas, sobre todo para el sector público y deberá ser consultado para el privado; los empleados trabajadrán cuatro días y los siguientes 10 mantendrán cuarentena; es decir, de los cinco días de la semana laborales, se reducen a cuatro, se instalan dos grupos, uno podrá laborar una semana y el siguiente grupo labora la próxima.

Asimismo, se prohiben las capturas de personas que infrinjan cuarentena y sean llevados a centros de contención, así como los «cercos militares», dijo Portillo Cuadra.

Ante esto, los legisladores mencionaron que se debe regular la participación de los cuerpos de seguridad para brindar la ayuda en la atención de la pandemia.

El grupo parlamentario de FMLN propuso disposiciones complementarias al decreto 661 de ley de emergencia y retorno laboral (que aún está en controversia constitucional); en el que especificaron que se deberán dictar cuarentenas y cercos epidemiológicos que deberán ser justificados por el Ministerio de Salud en los que se expresen las medidas a realizar, como la toma de pruebas; es decir, el tamizaje en el lugar y el tratamiento a las personas.

Las cuarentenas deberán corresponder a los municipios con mayor cantidad de casos positivos, fallecidos y sospechosos. Se deberá realizar la prueba de COVID-19 de forma masiva en los diferentes niveles del sistema de salud.

Asimismo, que exista el personal para hacer la búsqueda de casos, donde los diputados retroalimentaron que deben ser los médicos con experiencia en el reconocimiento de casos.

Así también, se deberá establecer un plan de donación de plasma donde se indique que esta será de forma gratuita para la ayuda de pacientes críticos.

Sin embargo, el FMLN rechaza que se realice un régimen de excepción.

Esta propuesta busca que se realicen campañas de educación para la población de forma que se prevengan los contagios, que contendrá datos oficiales y transparentes.

Un borrador que cuente con estas tres propuestas será discutido en la comisión este jueves previo a la sesión plenaria, además, será enviado al Gobierno en el ramo de salud para su conocimiento y su aval, así como aportar datos y señalar los lugares en los que deben tomarse referidas medidas, ya que los legisladores indicaron que esta cartera de Estado es la única que puede corroborar esa información.