Sala declara inconstitucional decreto ejecutivo de reapertura económica por incluir suspensión y limitación de derechos fundamentales

Punto

La Sala de lo Constitucional dio seguimiento a la sentencia emitida la noche del 8 de junio donde declaró inconstitucional los decretos legislativos y ejecutivos que implicaban la suspensión de derechos constitucionales sin justificación de un régimen de excepción.

Razón por la que también declaró inconstitucional el decreto ejecutivo 32 de la repaertura económica por fases; ya que los magistrados afirmaron que se implementaron las mismas faltas a la Constitución que fueron advertidas en la sentencia anterior, lo que había sido prohibido.

A pesar de ser inconstitucional, el Máximo Tribunal expresó que sus efectos durarán hasta el 23 de agosto, plazo en el que también solicitaron a la Asamblea Legislativa y al Gobierno llegar a acuerdos para formular un decreto que de atención a la pandemia y responda a los problemas sociales, sanitarios, políticos, laborales, económicos y sociales.

Motivo de inconstitucionalidad

«Esta sala considera razonable interpretar que el Decreto Ejecutivo n° 32 aludido parte de dos premisas. La primera sería que, sin tener habilitación mediante ley formal, el Ministro de Salud se arroga la competencia para ordenar una reapertura económica; y, la segunda, es que, mientras no se llegue la fase en la que a las personas les corresponde laborar o ejercer su respectiva actividad comercial, estas deben permanecer en cuarentena domiciliar», indicaron los magistrados.

Asimismo, añadieron que lo que está haciendo el Ministerio de Salud y en general, el Gobierno, es «prohibir la realización de las actividades económicas a las que el decreto se refiere, mientras no llegue la fecha cuya reapertura corresponde a los rubros que se vayan reactivando. Dicho de otra manera: el Decreto Ejecutivo n°32 está suspendiendo manifestaciones importantes del derecho a la libertad y del ejercicio de otros derechos fundamentales. Esto implica una clara y frontal incompatibilidad con lo ya determinado en la sentencia pronunciada en este proceso».

La Sala reiteró que estas medidas solo son de competencia del Congreso. Asimismo, expusieron que el decreto no refleja medidas sanitarias.

De acuerdo con la sentencia, el órgano ejecutivo puede, conforme al Código de Salud, emitir protocolos sanitarios que establezcan medidas, incluso extraordinarias, para que de forma obligatoria las personas, empresas, negocios, centros educativos, recreativos, hogares y medios de transporte, entre otros, puedan prevenir la propagación del virus; siempre que estos no supongan limitación o suspensión a derechos fundamentales, ya que no es competencia del Gobierno y no puede invadir las facultades de la Asamblea Legislativa.

El magistrado Aldo Cáder explicó que solo el Congreso puede establecer restricciones a los derechos constitucionales; sin embargo, el Ejecutivo puede regular estos mismos; es decir, sí es su competencia.

A pesar de esto, el decreto ejecutivo de reapertura económica sí representaba la restricción de estas libertades.

Según una ejemplificación de Cáder basada en la suspensión del transporte público, el Gobierno no tendría la potestad de hacerlo, pero sí puede dictar normas como utilizar mascarillas, el distanciamiento en asientos y la higienización de unidades.

Es decir, el Ejecutivo puede emitir medidas y protocolos a implementar en el país en razón de la pandemia, pero no puede ordenar la suspensión de operaciones o servicios que involucren los derechos constitucionales como la libertad de tránsito o de reunión, que solo son facultad del Parlamento.