Presidente Bukele criticó a los magistrados de la Sala al declarar inconstitucional el decreto ejecutivo de reapertura económica

Punto

El Presidente Nayib Bukele se pronunció ante la sentencia de la Sala de lo Constitucional ante el decreto ejecutivo 31 de reapertura económica, pues fue declarado inconstitucional por contener limitación a derechos constitucionales, lo que solo es competencia de la Asamblea Legislativa.

«En todos los países del mundo, los Gobiernos ordenan las reaperturas, gradualmente, para controlar la pandemia. En El Salvador, hoy eso también es inconstitucional. ¿Ya no les importa nada?», expresó el mandatario a través de su cuenta de twitter.

Sala declara inconstitucional decreto ejecutivo de reapertura económica por incluir suspensión y limitación de derechos fundamentales

En la sentencia, los magistrados plasmaron que en otros países las reglas constitucionales son diferentes a las de El Salvador; por lo que si no cumplen los estatutos «no tienen más que declararlo inconstitucional».

Según el Máximo Tribunal, los órganos de Estado no se pueden atribuir funciones que no corresponden según la Constitución de la República.

«¿Podría el Órgano Judicial crear un ministerio, alegando que ello resulta necesario para agilizar procesos judiciales urgentes?; ¿puede un ministro dictar una sentencia en una caso que se está analizando en un juzgado del país, alegando que el tribunal que lo conoce ha tardado demasiado en resolverlo, y se necesita la sentencia para atender alguna necesidad de la población?; ¿o puede la Asamblea Legislativa decirle al Presidente de la República a quién nombrar como Superintendente de una institución oficial autónoma, alegando que tiene experiencia en la elección de funcionarios?. Un ejemplo final: ¿Puede la Corte Suprema de Justicia crear un código procesal en materia penal, justificándose que la Asamblea Legislativa mucho se tardará en discutirlo y aprobarlo?», expresó el magistrado Aldo Cáder en su voto concurrente.

Sin embargo, el Presidente Bukele señaló que esta resolución de los magistrados corresponde a la «protección de los partidos que les dieron sus cargos».