El legislador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodolfo Parker, insistió en que se deben solicitar informes al Órgano Ejecutivo sobre los fondos ya utilizados para dar atención a la pandemia, previo a autorizar más asignación presupuestaria, haciendo referencia a los $250 millones de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De acuerdo con el parlamentario, se debe analizar el manejo de los fondos públicos, pues «hay indicios de compras irregulares».
Por lo que solicitó en Comisión de Hacienda mientras se estudia proceder a la asignación, que antes de esto, el Gobierno rinda cuentas con «detalles pormernorizados» de compras y gastos, proveedores y destinos en el marco de la pandemia; donde se deberá especificar si estos fondos provienen del presupuesto ordinario, así como los recursos provinientes de los empréstitos de cualquier fuente, ya sea con organismos internacionales en suscripción de deuda, o a través de Letras del Tesoro (LETES).
Además, se refirió a «inconstitucionalidades» en el articulado propuesto por el Ministerio de Hacienda para otorgar los fondos, pues asegura que uno de estos trata que las transferencias presupuestarias ya no serán aprobadas por la Asamblea Legislativa, sino por esa cartera de Estado; lo que sería contrario a las atribuciones del Parlamento según la Constitución de la República, según enfatizó.
Así también, indicó que que se restringen las auditorías a la Corte de Cuentas de la República (CCR), cuando en el decreto 608 se plasmó que deberán rendir informes al comité de veeduría y seguimiento de los $2,000 millones.
Finalmente, afirmó que estas disposiciones tendría carácter retroactivo.
«‘Diocuarde’, si no hay rendición de cuentas, no pueden integrarse los recursos», aseguró.
Según la asignación que ha solicitado el Ministerio de Hacienda, los $250 millones se dividen en $210 millones de presupuesto ordinario y $40 millones del extraordinario.
Del prepuesto ordinario, $168 millones serán dirigidos a Hacienda y se distribuirán así: $55 millones para la contrapartida de FOMILENIO II, $20 millones para el Fondo de Protección Civil y Mitigación de Desastres (FOPROMID) y $18 millones para recuperación por COVID-19.
Asimismo, $12 millones para el Ministerio de Gobernación para el fondo de las pensiones de los veteranos y excombatientes de guerra, $75 millones para las 262 alcaldías; finalmente, $30 millones para el Ministerio de Salud que serán dirigidos al Hospital El Salvador.
El presupuesto extraordinario son $40 millones para el Ministerio de Agricultura para un programa de financiamiento de productores agrícolas de granos básicos y mitigar los efectos de la pandemia para los ejercicios fiscales de 2020 y 2021.
