Un segundo embargo fue solicitado por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), como parte querellante en el proceso judicial sobre la Presa Hidroeléctrica El Chaparral, del que se acusa al expresidente Mauricio Funes, al ex presidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) José Leopoldo Samour, al empresario José Miguel Antonio Meléndez, mejor conocido como Mecafé y el representante la empresa constructora italiana ASTALDI, Mario Pieragostini por desviar $50 millones de la construcción a cuentas personales.
De acuerdo con el presidente de CEL, Daniel Álvarez, presentaron un dictamen de acusación en el que incluye cómo triangularon el dinero, por lo que anunció que se ha solicitado al Juzgado Noveno de Intrucción se realice un segundo embargo a la empresa por $228 millones.
Por su parte, el Gerente legal de CEL, Orlando Quijano, explicó que como parte querellante se tiene el interés que exista responsabilidad civil, por lo que desglosó este segundo embargo: $61 millones en responsabilidad civil; es decir, los daños al Estado; $54 millones pago de intereses por préstamos que se habían dado para la construcción y $111 millones, monto que se calcula que habría sido generado por la Presa Hidroeléctrica si se hubiera terminado en el tiempo establecido.
Quijano explicó que cuentan con prueba testimonial, entre los que se encuentran testigos criteriados [personas que han participado en el supuesto cometimiento de delitos], cuyo relato coincide con la prueba documental.
Asimismo, indicó que existe prueba pericial, donde expertos financieros elaboraron dictamen sobre un incremento en el patrimonio de los implicados en el caso.
Pruebas que aseguran «nos confirman que tenemos a las personas, números de cuentas y ruta de donde trataron de mover el dinero, primero a un banco de Italia, después a Luxemburgo, luego a Panamá».
El Presidente de CEL manifestó que los $50 millones por los que acusa la Fiscalía General de la República (FGR) es el monto que se pagó de más por el acuerdo directo entre los imputados, el dinero que se solicita es por los intereses por no haber terminado la obra.
Según Álvarez, en la solicitud de embargo se detallan los bienes de los acusados que abarcarían este monto.
«Estamos reclamando lo que realmente se han robado», afirmó.
El costo que tendría el proyecto era de más de 200 millones de dólares al realizarlo en cuatro años; sin embargo, luego de 11 años, este incrementó a 756 millones.
El primer embargo fue por cuatro millones de dólares en maquinaria de la empresa ASTALDI.
Este viernes, la FGR también presentó la acusación formal contra los imputados por los delitos de peculado, lavado de dinero y activos, agrupaciones ilícitas y cohecho activo.
De acuerdo con la Fiscalía, en la investigación se analizó y depuró la prueba ofrecida al inicio del caso, por lo que la acusación cuenta con 34 experticias, 112 evidencias, 1,252 documentos analizados y tiene 70 testigos que acreditan el hecho.
