Representantes de Concertación Monseñor Romero, Tutela Legal y Movimiento Social presentaron en Cancillería de la República este viernes, un escrito solicitando seguimiento al caso del asesinato del Santo Monseñor Óscar Arnulfo Romero, conforme a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2000.
Alejandro Díaz de Tutela Legal, afirmó que de acuerdo a la CIDH, el estado salvadoreño ha incumplido el fallo, además de las medidas de reparación dictada en sentencia.
«Tiene 20 años esa resolución y hay medidas jurídicas y reparación que no se han cumplido. Se establece que debe investigarse el caso penalmente de manera expedita y de manera imparcial. Se ha realizado a medias, porque sí se ha derogado la Ley de Amnistía, más no se ha concretado toda la etapa que requirió la Corte», indicó Díaz.
El 13 de abril del 2000, la CIDH emitió ocho disposiciones al Estado salvadoreño, entre estas la investigación y sanción de los autores materiales del crimen del santo de América; derogar la Ley de Amnistía que eximía de cargos a los implicados; y procesar a los autores intelectuales.
Otras medidas, pero en carácter de reparación, fue eliminar los homenajes a los responsables de su muerte, construir una plaza en memoria de Monseñor e impartir cursos de capacitación sobre Derechos Humanos a la Fuerza Armada.
Al respecto, lamentaron que la Cancillería no le de seguimiento adecuado a las medidas presentadas por las organizaciones que luchan por que se aclare el crimen.
«Cancillería es el ente competente ante el sistema interamericano y es la que ha llevado el proceso, desde el 2000. Le ha dado seguimiento supuestamente, y ha habido reuniones, lo reconocemos, que fue en 2007, pero de ahí para acá no se han cumplido», agregó Díaz y también retribuyó responsabilidad a la Fiscalía General de la República por no continuar con las investigaciones.
Para Jaime García, de Concertación Monseñor Romero, el asesinato del prelado, puede considerarse delito de lesa humanidad. Razón suficiente para que no prescriba.
«La Corte pidió investigar el testimonio del Capitán Álvaro Saravia, además de otras personas, que se mencionan en el proceso y ordenó a la Fiscalía abrir expediente aparte con los nuevos nombres», matizó.
Las organizaciones pidieron al Estado y a la FGR, que no continúe en la impunidad el caso de Monseñor Romero y que se cumpla el mandato del sistema interamericano de derechos humanos.
