La Fiscalía General de la República (FGR) presentará el requerimiento contra los implicados en el caso de permuta de armas en mal estado entre el Ministerio de Defensa Nacional (MDN)y la empresa CENTRUM a partir del año 2013.
El contrato de permutación se refiere a un intercambio entre dos partes, en este caso era sobre armamento. Los acusados son los exfuncionarios David Munguía Payés y José Atilio Benítez Parada, ambos exministros de la Defensa, así como Gustavo López Davidson, propietario de la sociedad CENTRUM S.A de C.V y expresidente de ARENA, y Héctor Abel Herrera Mejía, apoderado legal de referida empresa; la orden también se giró contra Manuel de Jesús Romero.
Según la FGR, los hechos comenzaron en 2011 cuando el entonces Ministro de Defensa, Munguía Payés [en el gobierno de Mauricio Funes], solicitó un informe de reevaluación de armas obsoletas y en mal estado del MDN, en las que se determinaría cuáles podrían ser permutadas; así como un informe del armamento nuevo y usado que no sería tocado.
Posteriormente, fue nombrado como el titular de defensa José Atilio Benítez, quien conformó un directiva que regularía la permuta por subasta y fue en ese momento que se hizo una invitación a seis empresas, entre estas Centrum; el presidente de la comisión era Rafael Melara Rivera, quien fungía como Jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) de la Fuerza Armada.
Sin embargo, la Fiscalía explicó que una misma persona era la representante de las distintas empresas, que provenía de CENTRUM, luego se notificó un cambio; pero según el requerimiento, los que pasaron a ser representantes de estas, eran empleados de la referida empresa. Solo dos de estas pasaron a la siguiente fase.
Héctor Abel Herrera, era el apoderado legal de Centrum, mismo que presentó una nota a defensa que la otra sociedad no participaría por problemas con Estados Unidos. Ante este cambio, el presidente de la Comisión procedió a notificar al Ministro porque el acuerdo exigía una previa consulta; «Melara avisa que no se debe realizar el intercambio, pero la recomendación es obviada por Atilio Benítez en 2013 y se firma el contrato», indicó el fiscal del caso.
Referida nota está en poder de la FGR, donde aseguran le solicitaron a Melara que la cambiara, «insertando información falsa en un documento que ya había sido emitido».
Ese mismo año, regresa al cargo de Ministro de Defensa Munguía Payés, quien continuó con el proceso, pero además realizó cambios en el contrato.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el titular del MDN modificó la cláusula del contrato en cuanto al periodo de cumplimiento para que la empresa hiciera llegar el armamento, que pasaron de 36 meses [3 años] a 24 meses [2 años]; sin embargo, este cambio sólo podía realizarse mediante justificación, que indican que solo fue «de palabra» que estos estarían a esa fecha.
Al cabo de los 24 meses, los obuses no llegaron al Ministerio, por lo que se amplió el contrato por otros tres meses, Payés genera una nota para autorizarlo, «descubrimos que existe otro oficio de Payés en donde hay un manchón y le pone 10 meses, misma fecha y mismo oficio, dos documentos en las mismas condiciones; en ese contexto vienen los obuses y no se ocupan, se mantienen en resguardo hasta que vence la garantía de fiel cumplimiento», explicaron los fiscales del caso.
Asimismo, hubo otra modificación donde los obuses serían repotenciados; es decir, usados y ya no nuevos como se había acordado. Defensa envió este armamento para ser probado a Israel, pero en su regreso, expresan que no se logró ver el funcionamiento, pues no habían sido utilizados.
Según la FGR, en el intercambio, Defensa incluyó las armas que habían sido catalogadas como nuevas y recibieron unas obsoletas, como el caso de los obuses, que aseveran ya no se encuentran cargamentos para esos modelos.
Imputación de delitos
A los dos exministros de Defensa y a los empresarios se les acusa por defraudar al Estado por más de $2,051,893 en intercambio de armas de fuego en mal estado.
En cuanto al exfuncionario Benítez se acusa del delito de peculado; es decir, que como funcionario se apropió en beneficio de terceros, de dinero o valores de su administración; en este caso, por el contrato de permutación.
A Payés, también se acusa de peculado, así como de actos arbitrarios, pues como funcionario habría permitido que el hecho continuara y el delito de falsedad documental agravada por la prórroga del contrato ; estos bajo la modalidad de concurso ideal.
Asimismo, a Rafael Melara se le imputa el delito de falsificación documental por crear un nuevo documento que obviara la notificación de no hacer la permuta.
Gustavo López Davidson, como propietario de CENTRUM es acusado de ser cómplice necesario para realizar el delito de peculado, «¿cómo no iba a saber qué estaba pasando, si era su empresa?», dijo uno de los fiscales. Este mismo delito se aplica a Héctor Abel Herrera.
El delito de peculado es una figura que solo puede ser utilizada contra funcionarios o empleados públicos y si sobrepasa los $57,169 [500,000 colones], tendrá una sanción de 12 a 15 años de prisión.
La complicidad necesaria se aplica debido a que los empresarios no son funcionarios y por ser quienes cooperaron para realizarse el delito; según el Código Penal, la pena se desglosa según el delito original, en este caso, el peculado, por lo que puede atribuirse la pena mínima y las dos terceras partes de la máxima.
