La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le pidió al Gobierno y la Asamblea Legislativa sus alegatos con respecto a la controversia generada por el Decreto Legislativo que contiene la Ley Especial de Reconocimiento a los Profesionales de la Salud, ante la Pandemia COVID-19.
Los Diputados avalaron el decreto el 16 de abril de 2020, que permite, entre otros beneficios, la entrega de equipos de protección recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de capacitaciones para la atención del COVID-19 y destinar una pensión vitalicia para el personal sanitario si muere en el cumplimiento de su labor en el marco de la emergencia.
Otro de los aspectos que contempla el decreto en cuestión es que, si hay esposos o cónyuges -ambos médicos-, las autoridades del Ministerio de Salud pueden acordar, para que uno de ellos se quede en casa cuidando a sus hijos menores de edad. También, que se lleve a cabo un aumento del 20 por ciento del salario a madres solteras que trabajen como parte de la emergencia.
Además establecía una sanción de multa al funcionario público o agente de autoridad pública que deniegue, incumpla o bloquee la presente ley, dejando expedita la persecución penal y civil por los daños y perjuicios ocasionados por el funcionario infractor.
A pesar que el cuerpo de ley, fue superado en un primer momento por los parlamentarios, el Presidente Nayib Bukele vetó la iniciativa, alegando que estas disposiciones vulneran los artículos 65, 85, 86, 135 y 226 de la Constitución.
El gobernante manifestó que había “vicios de forma” porque su aprobación emana de una dispensa de trámite, sin “justificar que existía urgencia para ello” que no permitió discusiones necesarias con el Ministerio de Salud y de Hacienda para aprobar el decreto.
Por otro lado, argumentó que “transgredía la independencia entre poderes” porque los Diputados avalaron una iniciativa que no fue consultada y “desconoce las atribuciones de Salud y la capacidad presupuestaria para que se operativice por parte del Ministerio de Hacienda” pues dicha asignación, además de “crear una presión al gasto público, vendría a agravar el déficit fiscal, lo que obligaría a limitar el gasto en otras áreas de interés nacional”.
Los Magistrados ordenaron a los Órganos Legislativos y Ejecutivo, presentar sus respectivos argumentos en un plazo de tres días hábiles.
La Sala determinará con base a ley, los alegatos de ambas partes y dictará si declara constitucional o no el decreto. De hacer lo primero, ordenará al Presidente publicarlo en Diario Oficial para su entrada en vigencia.
