Procurador de DDHH pide a Fiscalía investigar declaraciones de Norman Quijano relacionadas a los $10 millones de Taiwán

Punto

El titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Apolonio Tobar exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) a certificar si existe un concurso de delitos en las declaraciones que dio el Diputado Norman Quijano, en relación a los fondos que otorgó la China-Taiwán a El Salvador, para ayudar a los afectados de los terremotos del año 2001.

Quijano reveló en una entrevista en Canal 12, que los $10 millones que donó la nación asiática entre 2003 y 2004, durante la administración del Presidente Francisco Flores, no iban destinados a El Salvador, sino más bien al partido ARENA. Porque, según el diputado tricolor, “era la forma cómo Taiwán compraba ese voto allá en las Naciones Unidas”.

“Así le pasó a Alfonso Portillo en Guatemala y a no sé a quién (Miguel Ángel Rodríguez) en Costa Rica, porque los Gobiernos de Taiwán acostumbraban darles esos fondos para los desarrollos de los partidos que gobernaban”, afirmó Quijano el martes 15 de septiembre.

Tobar concluyó que las declaraciones del legislador constituyen “una afrenta directa a los derechos humanos” ya que no sólo atenta con los derechos civiles y políticos sino también, contra los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “Puesto que limita sustancialmente los recursos disponibles para la garantía efectiva y el desarrollo progresivo de ´éstos (…) pues afecta la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de los mismos”, explicó.

Además:

  • Desvía recursos para la realización progresiva (de las obras)
  • Afecta el principio de máxima utilización de los recursos
  • Desalienta la inversión y la ayuda internacional

El Procurador pidió al Fiscal Raúl Melara ordenar una investigación a efecto de deducir responsabilidades legales.

                                       FGR tras los $10 millones

Aunque la causa penal contra los implicados en el desvío de los fondos fue anulada en 2019 por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, Melara afirmó el 29 de julio de 2020, que la promoción civil continúa y buscarán reintegrar el dinero a las arcas del Estado.

Melara dijo en una entrevista que el Ministerio Público presentó el 27 de julio, una demanda civil en el Juzgado Segundo de Instrucción contra ARENA y un banco, para que respondan por la devolución de los fondos.

El 4 de julio de 2019, la Cámara anuló el proceso judicial contra los ex presidentes Elías Antonio Saca, y Flores. Además fueron acusados de lavado de dinero Gerardo Balzaretti, ex presidente del Centro de Estudios Políticos (CEP) José Mauricio Samayoa, ex presidente del antiguo Banco Cuscatlán (fallecido) y el empresario cañero Juan Tennant Wright.

La exoneración fue gracias a una apelación de la defensa en la que establecen que el proceso había fenecido.

Sin embargo, Melara aseguró que el proceso irá dirigido contra ARENA por «tenerse certificado» que el dinero fue canalizado por Saca, Wright y Balzaretti hasta el instituto político a través del banco, que a pesar que en aquellos años lo dirigía Samayoa, heredaron la demanda.

“Deberán responder civilmente por esos $10 millones (…) el reto no es sólo condenar a las personas, si no recuperar parte del dinero perdido y esa será una acción que iniciará en su momento”, enfatizó Melara.

                                                  El caso

Los fondos, según documentos judiciales, los entregó China-Taiwán a El Salvador, entre octubre del año 2003 y abril del año 2004, para la ejecución de 4 proyectos los cuales no fueron ingresados ni registrados a la Secretaria Técnica del Financiamiento Externo.

Presuntamente después que el expresidente Flores recibió el donativo, en cuatro cheques, éstos fueron endosados y depositados a una cuenta a nombre de la asociación “Centros de Estudios Políticos. Dr. José Antonio Rodríguez Porth” en donde Balzaretti Kriete fungía como representante legal de la asociación.