El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) iniciará una investigación preliminar ante la admisión de una denuncia interpuesta contra la exministra de Salud, Ana Orellana Bendek, por firmar una orden de compra a empresa vinculada a un funcionario público.
De acuerdo con la denuncia, se basa en una publicación de un medio de comunicación del 25 de junio, en el que se expuso que el Ministerio de Salud compró 800,000 mascarillas por un valor total de $344,000 financiado con los recursos del Fondo de Protección Civil y Mitigación de Desastres (FOPROMID), a la empresa Grupo GME Inversiones S.A. de C.V., de la que uno de sus fundadores es el diputado René Gustavo Escalante, que para el momento de la compra tenía el cargo de Administrador Único Suplente.
Compra que sería ilegal por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), pues los funcionarios no pueden ofertar al Estado, ni sus empresas, ni de cónyuge, hijos o familiares hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad.
Según la publicación del medio, el hemano del diputado Escalante habría confirmado la compra, mismo que también es dirigente de la empresa.
Por su parte, el denunciante alegó al TEG que la orden de compra 84/2020 que firmó Orellana el pasado 20 de marzo, cuando aún fungía como Ministra de Salud, omitió denunciar ante el Tribunal las posibles transgresiones a los deberes y prohibiciones éticas del que tuvo conocimiento en el ejercicio de su cargo, ya que un funcionario contrató con el Estado.
Además, la orden de compra firmada contemplaba un sobreprecio de $0.17 por mascarilla, pues la Defensoría del Consumidor estableció la venta del producto a $0.26.
«A partir de lo denunciado, corresponde proceder a la investigación preliminar de los hechos descritos, con el fin de determinar una posible infracción a los deberes éticos regulados en el artículo 5, letras a y b de la Ley de Ética Gubernamental, relativos a utilizar bienes, fondos, recursos público o servicios contratados únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales para los cuales están destinados y denunciar ante el TEG o ante la Comisión de Ética Gubernamental respectiva, supuestas violaciones a los deberes o prohibiciones éticas contenidas en esta ley«, reza el documento del Tribunal.
Por lo que se requirió al Ministro de Salud, Francisco Alabí, que en un plazo de 10 días hábiles posterior a su notificación, hábiles informe si la institución hizo durante el periodo de enero a junio procesos de selección de contratistas para la adquisición de mascarillas con referida empresa, de ser así, deben especificar contratos, órdenes de compra, fecha en que fueron realizadas, unidad solicitante, descripción del producto, costo de la compra, fondos utilizados, detalle del proceso de selección y contratación, así como los intervinientes en cada una de las etapas.
