Constitucionalistas calificaron como «ruptura al orden constitucional» los hechos del 9 de Febrero

Tres abogados constitucionalistas fueron convocados a la Comisión Especial para Investigar todos los hechos acaecidos antes, durante y después del golpe de Estado fallido contra la Asamblea Legislativa el 9 de febrero del 2020 para aclarar los puntos relativos a la Constitución de la República y la facultad de la Presidencia y de la Fuerza Armada de ingresar al Palacio Legislativo y la exigencia de aprobación de un préstamo bajo una convocatoria del Concejo de Ministros.

Los abogados son Enrique Borgo Bustamante, Rodolfo González, ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y German Rivera.

Bustamante se refirió a la convocatoria del Concejo de Ministros, de la que aseveró que no tenía razón de ser, pues el punto a discusión ya era de conocimiento del Parlamento y ya habían agendado una sesión plenaria para dar las resoluciones ante el préstamo de $109 millones para la Fase III del Plan Control Territorial.

German Rivera del Centro de Estudios Jurídicos, afirmó que se desarrolló una relación de incidencia que conforma una «clara ruptura al orden constitucional», debido a que el Presidente de la República, Nayib Bukele, asistió al Parlamento sin una convocatoria o misión oficial para «ordenar» a los diputados la aprobación de referido préstamo.

«Ninguno (Órgano de Estado) le puede decir vas a trabajar de esta manera», señaló.

Además, aseveró que conforme a la interpelación del Ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, y su declaración que se basó en una supervisión al dispositivo de seguridad al Presidente, no tiene un sustento constitucional.

«No puede entrar de esa manera, no se puede ni en ese sentido, no cabe, no había riesgo, ellos mismos hicieron la convocatoria», manifestó.

Por su parte, el exmagistrado González expuso que la Fuerza Armada actuó bajo la institucionalidad de la Ley Orgánica de acatar las órdenes del Comandante General; es decir, el Presidente Bukele, no obstante, estas deben apegarse a la Constitución de la República.

Por lo que señaló que debido a que sea más clara la labor del Ejército, debe aclarase que no hay obligación de acatar las órdenes que no sean conforme a la Constitución o contra otros estados, para lo que recomendó una reforma a referida ley.

Asimismo, aseveró que la esta entrada al Palacio Legislativo «fue una afectación grave al orden constitucional».