El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Raúl Melara, anunció que recibió la certificación de la Sala de lo Constitucional del incumplimiento del Órgano Ejecutivo a la medida cautelar decretada el pasado 14 de septiembre y ratificada cuatro días después, en la que se dejó sin efecto la prohibición del ingreso al país a salvadoreños y residentes a falta de certificación de prueba COVID (-), en la que solicita al Ministerio Público proceder ante posible cometimiento de delitos.
“Hoy por la tarde recibimos la notificación de la Sala que nos certifica la comisión de delitos; hemos abierto de inmediato la investigación para determinar si se cometieron delitos que menciona la Sala o si hay otros a los que se pudieron hacer caso omiso, y quienes son los funcionarios responsables del cometimiento”, dijo esta noche en una entrevista telefónica en el programa 8 en Punto.
Además, Melara subrayó que como Fiscalía van «a realizar diligencias serias, contundentes, y vamos a deducir las responsabilidades a quien sea”.
En dicho espacio, el Fiscal dijo que hasta el momento no hay una denuncia de personas que se hayan visto afectados por la medida.
De acuerdo con la resolución del Máximo Tribunal los delitos que podrían imputarse son desobediencia, actos arbitrarios, coacción, incumplimiento de deberes u otros, derivados del incumplimiento de las medidas cautelares previo a la reapertura del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero.
La Sala le pide a la Fiscalía proceder contra CEPA y Migración por exigir pruebas COVID(-) para ingresar al país
Además, la Sala manifestó que el incumplimiento fue de forma directa por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), por «transferir» la obligación a las aerolíneas de exigir la prueba PCR negativa, hecho que fue catalogado como «una forma fraudulenta de evadir el cumplimiento de la medida cautelar».
