Diputados de la Comisión Especial que investiga los ingresos, colocación de bonos y préstamos del Estado en el marco de la pandemia acordaron llamar al segundo funcionario de Gobierno con el uso del apremio; es decir, a través de la fuerza de seguridad.
Este llamado por apercibimiento corresponde al Ministro de Salud, Francisco Alabí, luego de dos inasistencias a referida comisión sin que fuera justificado.
De acuerdo con los legisladores, la base para esta acción es el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL) en su artículo 56, que establece que es obligatoria la asistencia de los funcionarios a las comisiones especiales y a la tercera falta, se podrá proceder al apercibimiento por apremio.
La primera convocatoria al ministro fue el 18 de septiembre, posteriormente, se esperaba su comparecencia este 7 de octubre: sin embargo, éste no se presentó.
Por lo tanto, el llamamiento con apremio se agendó para el próximo miércoles 14 de octubre.
Según los datos legislativos, esta convocatoria responde a la solicitud de información del uso de fondos recibidos, a través de préstamos o de reorientación de fondos, siendo Salud una de las carteras que habrían recibido más recursos.
En este proceso por apremio también se convocaría al Ministro de Agricultura, Pablo Anliker, por las mismas faltas, pero los diputados consideraron el duelo familiar del funcionario.
Por su parte, el presidente de la comisión, René Portillo Cuadra, aseveró que la inasistencia de los funcionarios corresponden a que no quieren rendir cuentas y dar datos reales sobre gastos.
«No quieren venir porque si mienten, es falso testimonio y van a ir presos. Ellos saben que si vienen a una comisión especial y mienten, eso es constitutivo de delito, se les va a quitar el fuero, van a ser depuestos del cargo y van a ir presos, esa condición no existe en la interpelación, ahí pueden decir todo lo que quieran, sea mentira o verdad, la diferencia es que si no llegan pueden ser depuestos del cargo», indicó.
Sin embargo, destacó que sobre quien recargan la responsabilidad y podrían provocar que este cometiera delito es al Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, si le ordenan no llevar al Ministro.
«A quien están exponiendo es al director de la PNC, él recibe la orden de no ir a traerlo, lo que no saben es que está cometiendo delito, al impedir que el funcionario venga está actuando en complicidad para no dar información pública, es un derecho humano y fundamental. En el caso de la violación de derechos humanos sí es vinculante pedir la destitución de un jefe de seguridad pública, es un tema de derechos fundamentales», dijo Portillo Cuadra.
