El Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, detalló las razones por la que fue vetado el decreto aprobado en la Asamblea Legislativa sobre la concesión del transporte público de las líneas que estén próximos a finalizar, para garantizar que no les sea quitada a los empresarios por un plazo de seis meses debido a las afectaciones económicas por la pandemia de COVID-19.
Rodríguez señaló que el decreto pretendía blindar a los empresarios del transporte público para que aumentaran tarifas o infringieran la ley y que solo se les pudiera aplicar una multa de $57.14, mas no sancionarlos con perder concesión.
No podrá quitarse la concesión del transporte a empresarios por seis meses bajo decreto legislativo
El veto presidencial fue por razones de inconstitucionalidad por violar la seguridad jurídica al distorsionar el ordenamiento jurídico y facultades de control que le compete al Órgano Ejecutivo a través del Viceministerio de Transporte (VMT), siendo «una invasión clara y directa de los poderes de policía administrativa”. Este fue notificado al Parlamento.
Por su parte, el funcionario de Obras Públicas destacó que el decreto aprobado el 24 de septiembre a través de dispensa de trámite «iba a generar que perdiéramos las facultades administrativas para aplicar sanciones en caso de que las unidades de transporte colectivo no circularan».
Asimismo, hizo un recuento de eventos que, aseveró, llevó a la decisión legislativa.
“Cuando reiniciamos las actividades del transporte colectivo, algunas unidades no estaban circulando. De hecho, empezamos con el 60 % de las rutas. Ante la situación, les notificamos que iniciaría un proceso de sanción donde podían perder la concesión. Ese mismo fin de semana diferentes transportistas dijeron que iban a comenzar a sacar las unidades a circular […] Lo hicieron porque sabían que podían perder la concesión de la línea de transporte. Esto es lo que los diputados han querido defender al blindar a los transportistas”, relató.
Además, detalló que desde el 24 de agosto, día de reapertura económica general que involucró el transporte, se han interpuesto más de 3,000 multas por aumentos a tarifas y aglomeraciones en las unidades.
«Después del veto, los diputados pueden superarlo, pero dependerá de ellos», acotó.