No podrá quitarse la concesión del transporte a empresarios por seis meses bajo decreto legislativo

Con 50 votos, la Asamblea Legislativa aprobó que la concesión del transporte público de las líneas que estén próximos a finalizar, se garantice por un plazo de seis meses debido a las afectaciones económicas por la pandemia de COVID-19.

Es decir, el Viceministerio de Transporte (VMT) no las podrá no se podrá dar por terminada.

La iniciativa fue introducida al pleno legislativo bajo dispensa de trámite del diputado Raúl Belthrán Bonilla, en la que se expresa que la concesiones o permisos antes o después de la pandemia no podrán darse por terminadas hasta que finalice el contrato o su prórroga.

Según el expediente legislativo, se denominó «Disposición Transitoria sobre la concesión del transporte colectivo de pasajeros a causa del impacto económico de la pandemia por Covid-19», mismo que tendrá una vigencia de seis meses desde su publicación en el Diario Oficial.

Hasta el cierre de esta nota, se desconoce si será sancionado por la Presidencia de la República.

«Se está aprobado una iniciativa que no hemos conocido, lo que busca es blindar para que a los empresarios del sector transporte no se les pueda quitar la concesión hasta que finalice. Se intenta quitarle esa competencia al ente rector (Viceministerio de Transporte y Ministerio de Obras Públicas)», manifestó el diputado de ARENA, David Reyes.

Asimismo, agregó que «no se escuchó si se va a ofrecer un mejor servicio al usuario o si se está ofreciendo algo que beneficie al usuario, no se alcanzó a escuchar en esta iniciativa de ley”. 

Bonilla argumentó que «no se trata de blindar a gente que violente los principios de ley, el artículo dos dice que los efectos de esta disposición vencerán seis meses después de su publicación en el Diario Oficial, ayudémosle a la gente que cumple la ley».

La concesión del transporte colectivo es el permiso a los propietarios de unidades para prestar el servicio.

Uno de los avisos que dieron las autoridades de Gobierno ante la irregularidad del servicio en la reapertura económica del 23 de agosto, fue que si las unidades no circulaban se les quitaría la concesión.