Fiscalía ordena a Policía individualizar responsables de bloquear la recolección de basura en San Salvador

Este jueves la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó a la Policía Nacional Civil (PNC) investigar y determinar responsabilidades por los bloqueos que ha sufrido la Alcaldía de San Salvador para que realice la recolección de basura.

El Ministerio Público pidió al Director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, que envíe investigadores, realice un álbum fotográfico y demás pericias que determinen a “los líderes y demás participantes” que han cerrado la Planta de Transferencia Aragón, ubicada en Carretera a Comalapa y la base operativa del Cuerpo de Agentes Municipales de la comuna, que se encuentra en la Calle 5 de Noviembre en la capital.

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El ente fiscal adelantó que se está investigando si se incurrieron en delitos como la Limitación Ilegal a la Libre Circulación y Desórdenes Públicos y dirigió la diligencia a la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM).

De igual forma, la Policía deberá establecer si las personas señaladas en los ilícitos forman parte de alguna agrupación sindical o si por el contrario son personas asociadas a grupos antisociales. 

También, se le ha solicitado al director policial que señale a cada jefe de delegación encargado del dispositivo de vigilancia y verificación de los cierres y bloqueos registrados el 26 de octubre del presente año, en los puntos antes mencionados.

En un comunicado difundido esta tarde por los miembros de ASTRAM, establecen que levantarán la suspensión de labores y se incorporarán a la recolección de basura en la capital. 

No obstante, dan 24 horas para que el Alcalde Ernesto Muyshondt, para que realice el pago de las retenciones laborales, Seguro Social, Pensión, Fondo Social para la Vivienda y cuotas bancarias que se les adeuda desde hace 10 meses. Además piden el reinstalo de 155 empleados despedidos por la municipalidad. 

Además piden que la comuna frene el proyecto de privatización del servicio de recolección y traslado de desechos sólidos que supuestamente estaría acordando la Alcaldía. Así como eliminar el impuesto del proyecto de cámaras de videovigilancia denominado Smart City.