La Cámara Segunda de lo Civil avaló toda la prueba presentada por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), en la causa penal que se sigue contra el ex presidente de la Asamblea Legislativa Othon Sigfrido Reyes, acusado por Enriquecimiento Ilícito.
Según comunicó el Ministerio Público, tras el desarrollo de la audiencia preparatoria, se cumplieron los presupuestos legales para la admisión de toda la prueba de tipo documental y pericial aportada en este proceso.
Los acusados además de Reyes son: Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández (esposa) y Damián Reyes Rodríguez (hijo), quienes deberán enfrentar la segunda etapa procesal. Es decir, que serán sometidos a la audiencia probatoria, la cual fue programada para el 4 y 5 de febrero del 2021, a partir de las 10:00 de la mañana.
En la misma resolución, las magistradas aceptaron y rechazaron parte de la prueba ofrecida por los apoderados de los demandados; no se incorporaron un total de 11 documentos y todos los puntos de la pericia, que de forma infundada quisieron adicionar durante la audiencia preparatoria. Las magistradas determinaron que la prueba no admitida fue porque esta no reúne los requisitos de idoneidad, utilidad y pertinencia.
“Carecen de utilidad, ya que lo que se pretende probar con los mismos no son hechos que guardan relación alguna con la pretensión, sino a la interpretación en la que pretende sustentar su argumento la parte demandada», reza parte de la resolución.
La FGR promovió la demanda al determinarse que el exparlamentario y sus familiares tuvieron un incremento injustificado en un total de $472,464.04, entre los años 2006 al 2015 cuando él ocupó diferentes cargos en la Asamblea Legislativa.
Los rubros irregulares son en depósitos bancarios, inversiones por compra de inmuebles y vehículos. También por cobro excesivo de viáticos en viajes realizados.
La demanda se originó a partir del informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, la que encontró ocho irregularidades en el patrimonio de Reyes y su familia.
Actualmente, el funcionario goza, desde febrero de este año, de asilo político en México.