La Asamblea Legislativa podría interponer un aviso de demanda ante la Fiscalía General de la República contra el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para ser investigado por los delitos de atentados relativos al derecho de igualdad, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes por no asignar fondos para el pago pendiente a proveedores, cuyo monto asciende a un millón de dólares ($1,190,660.28).
De acuerdo con el documento interpuesto en representación del Presidente del Parlamento, Mario Ponce, no se han depositado los recursos para 72 compromisos presupuestarios de bienes y servicios pendientes de pago al día 25 de noviembre de 2020, que dependen de la asignación mencionada.
En una conferencia de prensa, Ponce detalló que referido monto que no ha sido recibido para realizar los pagos por siete meses.
También se refirió a los $300 millones que dispondría el Gobierno de la emisión de $1,000 millones en bonos para el pago a proveedores, mismos que el Ejecutivo asegura ya se utilizaron.
«De esos $300 millones no los hemos visto por ningún lado porque se dijo que ya se ocupó, pero ninguna de las instituciones los hemos visto», indicó.
Según el aviso, se fundamenta que la Asamblea es autónoma e independiente en la elaboración de su presupuesto por Constitución de la República, por lo que una vez aprobado, se incorpora al presupuesto de ingresos y egresos de la administración pública, por lo que la falta de asignación y transferencia de fondos para este pago conforma una vulneración de garantías y derechos de categoría constitucional.
Asimismo, advierten que la falta de la programación de pago a proveedores puede caer en una cadena de responsabilidades desde administrativas, patrimoniales hasta penales.
También destacan que el titular de Hacienda y los funcionarios a cargo de su conducción habrían omitido las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado (Ley AFI), donde en su artículo 4, literal i), mandata al Ministro a organizar, dirigir y controlar la recaudación, custodia y erogación de los fondos públicos.
Además, aseguran que se está vulnerando el Manual de Procesos para la Ejecución Presupuestaria, que regula la programación que se elabora cada mes de enero de cada año y aprobada por la Dirección General del Presupuesto, donde se establece lo referente al pago de bienes y servicios adquiridos.
Este impago fue comunicado a personal del Ministerio sin recibir respuesta, según el Congreso.
