Trabajadores de la empresa Sistema Integral de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) se concentraron desde tempranas horas de este lunes en la Alameda Juan Pablo II, exigiendo una solución, ya que no perciben salario desde hace 9 meses.
El Comité de Trabajadores de la Unión de Empresas, SIPAGO (concesionaria de los buses) y SITRAMSS, informó que son 60 trabajadores que se encuentran en la incertidumbre, tras el cierre de operaciones el 6 de mayo.
Además denunciaron que la Junta Directiva de SITRAMSS, mantiene guardadas las unidades en la ex estación FENADESAL, de San Salvador, permitiendo que entren mecánicos a darle mantenimiento a los automotores, con la excepción de los mismos empleados.
Andrés Reyes, uno de los 60 trabajadores afectados, aseguró que a pesar de los llamados del Viceministerio de Transporte, la empresa no inició operaciones en la apertura económica (24 de agosto), tras el encierro por la pandemia.
“No nos han dado ni una notificación, ni una llamada, si seguimos contratados o despedidos, nada. Si no va a abrir la empresa, que nos cancelen las deudas, trabajamos meses sin salarios, la justificación en su momento era la baja demanda de personas, les dimos la razón, pero ya pasó mucho tiempo, y ya no nos volvieron a depositar”, indicó.
Los demandantes aseguraron que la directiva de SITRAMSS prepara la venta de los buses articulados a una empresa operadora de Guatemala, llamada Trans-metro, sin garantizar la continuidad laboral de los actuales empleados.
En ese sentido, pidieron a los representantes de la Junta, conformada por Pedro Luis López, Eduardo Villanueva y el Coronel Carlos Avilés, el pago inmediato de salarios hasta la fecha.
SITRAMSS inició operaciones en diciembre del 2013, con la inversión de dos empresas (SIPAGO y SUBES) con fuertes vínculos con el FMLN, entonces Gobierno de turno. Para ello, se compraron varias unidades articuladas conocidas como BTR (en inglés, bus rapid transit), y para circular se dispuso de la segregación de dos carriles, que van desde el Boulevard del Ejército en Soyapango, pasando por la Alameda Juan Pablo II, hasta el Monumento al Divino Salvador del Mundo.
El proyecto según se anunció en el momento costó $45 millones de dólares, pero en Junio de 2019, la Sala de lo Constitucional declaró improcedente el uso del carril, dado que el Gobierno de izquierda se saltó la autorización de la Asamblea Legislativa, la cual por Constitución, es el único Órgano de Estado que puede avalar la concesión de bienes públicos y estatales.
En su resolución, la Sala dio un año plazo a la Asamblea para que los diputados decidan sobre la concesión, o no, de la exclusividad en el uso del carril. También tendrán que hacerlo respecto de las terminales que componen el SITRAMSS.
De no cumplir el plazo, los magistrados señalaron en sentencia que «se ordenarán las obras necesarias para habilitar el tránsito entre el actual carril segregado y los carriles contiguos y eliminar las señalizaciones referidas a su exclusividad para el uso de SITRAMSS».
