Con 58 votos, la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen único de la «Comisión Especial para investigar todos los hechos acaecidos antes, durante y después del Golpe de Estado Fallido contra la Asamblea Legislativa el 9 de febrero» en el que se ordenó la destitución de Mauricio Arriaza Chicas como Director de la Policía Nacional por atribuírsele «graves violaciones de derechos humanos».
De acuerdo con el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL), el cese de funciones de los directores de la Policía Nacional Civil (PNC) o el alto mando de la Fuerza Armada será vinculante por graves violaciones a los derechos humanos, como producto de investigaciones en comisiones especiales o en interpelación; mismo aspecto que contempla la Constitución de la República en su artículo 131, numeral 37.
En referido informe, los legisladores determinaron que existió una «acción protagónica» de Arriaza, ya que fue con su llegada al recinto legislativo que el control de la seguridad fue tomado por la Policía, sin tomar en cuenta y sobrepasando al equipo del Parlamento, en lo que fue denominado como una «medida de presión» para ratificar un préstamo.
Así también, se refirieron a los «actos intimidatorios por vigilancia y presencia policial en las casas de diputados»; estos dos aspectos fueron calificados como violaciones a dos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
